Niegan amparo a exfuncionario de educación de Aguascalientes por contratar despacho de Juan Collado

A Francisco Chávez Rangel se le dictó una sentencia de dos años de prisión y una multa de más de siete mdp por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, al contratar servicios del despacho del abogado Juan Collado

Aguascalientes, Ags.- Un tribunal federal negó el amparo a Francisco Chávez Rangel, exdirector del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), quien ahora deberá compurgar una sentencia de dos años de prisión y pagar siete millones 420 mil pesos al Gobierno del Estado por concepto de reparación de daño.

En contra de Chávez Rangel existe una sentencia condenatoria por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, en que incurrió por contratación de servicios del despacho del abogado Juan Collado, cuando estuvo al frente de la dependencia.

El IEA erogó dinero para el pago de servicios del despacho que no se recibieron.

En octubre del 2021, un juez penal lo encontró culpable, pero su abogado ejerció los recursos legales para su defensa.

“La defensa de Francisco promovió un amparo directo, que se resolvió en sentido negativo, lo que hoy representa que la sentencia se cumpla de conformidad con lo establecido”, informó la Fiscalía Anticorrupción del estado.

Francisco Chávez se desempeñó como titular del IEA en el sexenio del gobernador Carlos Lozano de la Torre (2010-2016).

De acuerdo a la carpeta de juicio, siendo servidor público Chávez Rangel otorgó tres contratos de prestación de servicios profesionales bajo el régimen de honorarios a la firma de abogados ‘Collado y Asociados’, para lo que destinó la cantidad de 7 millones 420 mil pesos, por concepto de defensa para la institución en dos juicios: el primero radicado en el Juzgado Quinto Mercantil y el segundo en el Juzgado Cuadragésimo Noveno Civil de la Ciudad de México.

“Pese a la contratación, el referido despacho no realizó ningún acto procesal a favor de la institución pública, ya que toda la defensa se llevó a cabo por el área jurídica del propio ente con plaza presupuestal (IEA)”.

En las cláusulas, se designó al entonces director jurídico del IEA, de nombre Enrique, como responsable del seguimiento y cumplimiento de los servicios otorgados por parte del prestador; responsabilidad que omitió, lo que derivó en que, a pesar de la fuerte cantidad invertida para tal efecto, la defensa no se llevara a cabo.

La fiscalía detalló que se obtuvo una sentencia condenatoria en primera instancia en contra de Francisco en la que se establece que compurgará una pena de dos años de prisión, el pago de una multa de 3 mil 188 pesos y 50 centavos, el resarcimiento económico de 7 millones 420 mil pesos a favor del IEA como reparación del daño y un año de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.

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