Algunos probablemente tendrán que esperar una década antes de poder siquiera recibir una entrevista.
Las oficinas de inmigración estadounidenses están tan abrumadas que algunos solicitantes de asilo que cruzaron por México probablemente tendrán que esperar una década antes de poder siquiera recibir una cita para comparecer ante un juez.
Los retrasos se deben a un cambio aplicado dos meses después de que el presidente Joe Biden asumió el cargo, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza iniciaron la práctica ya abandonada de liberar a inmigrantes rápidamente, con libertad vigilada. A los inmigrantes se les instruyó reportarse ante una oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para ser procesados para la cita judicial, labor que antes realizaba la Patrulla Fronteriza. El cambio evitó el hacinamiento en centros de acoplo como ocurrió en 2019, cuando algunos migrantes tenían que pararse sobre el inodoro para poder respirar. Pero el costo se hizo evidente cuando los oficiales del ICE designados para entregar las citas judiciales no se daban abasto.
Espera. Algunas de las oficinas ahora le dicen a los migrantes que regresen dentro de varios años, y la labor ha reducido la capacidad del ICE de cumplir con su misión tradicional de aplicar las leyes migratorias en el interior de Estados Unidos. “Estamos al límite de nuestros recursos”, dijo Jamison Matuszewski, director de aplicación de normas y deportaciones en San Diego. En cuanto a los migrantes, los plazos para recibir una cita judicial varían. En Nueva York, el ICE instruyó a los solicitantes de asilo que regresen en marzo de 2033, expuso en una audiencia reciente Henry Cuellar, legislador demócrata por Texas. En otras nueve ciudades _San Antonio; Miramar, Florida; Los Ángeles; Jacksonville, Florida; Milwaukee; Chicago; Washington; Denver y Mount Laurel, Nueva Jersey— la espera es hasta marzo de 2027.
Proceso. Hasta entonces, los migrantes en cuestión no recibirán siquiera una cita para comparecer a tribunales, aunque pueden vivir y trabajar en Estados Unidos. Después de eso, sus casos serán procesados por los tribunales de inmigración, un proceso que dura unos cuatro años y que en enero padecía una carga de 2,1 millones de casos atrasados, comparado con 600.000 en 2017.
