La iniciativa señala que no se podrán autorizar intervenciones o el empleo de tecnologías o métodos de colaboración que comprometan de manera masiva la seguridad e integridad de los sistemas de comunicación
El coordinador de la bancada de MC en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez propuso reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, para establecer la obligatoriedad de fundar y motivar las solicitudes de intervención de equipos de comunicación móvil que sean requeridas para una investigación judicial.
Así, cuando el Ministerio Público considere necesaria la localización geográfica en tiempo real o entrega de datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones, el procurador o el servidor público en quien se delegue la facultad, debe fundar y motivar la petición, así como expresar el objeto y necesidad de la misma.
La iniciativa señala que no se podrán autorizar intervenciones o el empleo de tecnologías o métodos de colaboración que comprometan de manera masiva la seguridad e integridad de los sistemas de comunicación.
También considera que excepcionalmente, cuando esté en peligro la integridad física o la vida de una persona o se encuentre en riesgo el objeto del delito, así como en hechos relacionados con la privación ilegal de la libertad, secuestro, desaparición forzada, extorsión o delincuencia organizada, el procurador analizará la necesidad de la intervención.
Álvarez Máynez expuso que la investigación actualmente se encuentra regulada principalmente en el Código Nacional de Procedimiento Penales, como reminiscencia del sistema inquisitivo, que mezcla la investigación con el proceso.
Sin embargo, se continúa con una serie de irregularidades en cuanto a los procesos de investigación, entre ellos los relativos a la intervención de comunicaciones.
Durante las últimas tres administraciones, con el avance del uso de las tecnologías de información, se dio un incremento de las denuncias por medio de las redes sociales para evidenciar actos o hechos ilícitos que cometen algunos servidores públicos que han emprendido una campaña de espionaje hacia personas defensoras de derechos humanos, periodistas y opositores.
“Precisa que el espionaje en el país es uno de los temas con mayor impunidad, y hoy es más preocupante con el incremento de la militarización del país en actividades puramente civiles donde se les ha señalado de intervenir comunicaciones bajo el concepto de inteligencia”, dijo.
