A pesar de que el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, insiste en pagar la reparación del daño cometido por la venta a sobreprecios de la planta Agronitrogenados, no aceptará culpabilidad en este ilícito que generó una afectación de 200 millones de pesos al erario federal. Así lo confirmó el abogado de la familia Lozoya Austin, Alejandro Rojas Pruneda, en la que sostuvo que “el asunto no tiene que ver con una declaratoria de culpabilidad, es una salida alterna que prevé la constitución”. “Está buscando estas salidas que están en la Constitución, que están en la ley, que permiten que, si paga la reparación del daño, tenga un ejercicio de no acción penal”, declaró Rojas Pruneda.
El ofrecimiento de Lozoya es 200 millones de pesos, la misma cantidad pactada con Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para reparar el daño causado por la presunta compra fraudulenta de la planta de fertilizantes considerada “chatarra”. Rojas Pruneda explicó que, a pesar de que el 9 de marzo de 2022, durante una asamblea del Consejo de Administración de Pemex, se determinó que esa era la cantidad de resarcimiento correcta, el 11 de abril de ese año, cuando la defensa se dirigía al Reclusorio Norte de la Ciudad de México a firmar el acuerdo reparatorio, se les informó que ni la petrolera ni la UIF firmarían. “En todas las audiencias, frente al juez de control, frente a la Fiscalía (General de la República), frente de la UIF y frente a Pemex, tanto Emilio como su (otro) abogado, Miguel Ontiveros Alonso, han señalado que se quiere reparar el daño al 100%, ni un peso menos”, explicó Rojas Pruneda.
El abogado dijo que la negativa del gobierno federal de concretar el acuerdo pactado hace un año “parece que es un tema de tipo político de las instituciones”.También sospecha que “no se le ha informado de manera adecuada quienes tienen que tomar las decisiones, al presidente de la República”. “Por decisiones superiores no ha prosperado”, recalcó. Otro de los casos abiertos que mantiene Emilio Lozoya Austin ante la justicia mexicana es por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht.
