El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la controversia del Instituto Nacional Electoral (INE) contra las dos reformas legales del llamado "Plan B" de Morena que ya fueron publicadas.
Además, el ministro también admitió la primera de alrededor de 60 controversias promovidas por municipios de oposición contra dichas reformas, en este caso la presentada por el Ayuntamiento de Chihuahua, aunque negó conceder una suspensión.
La semana pasada, Pérez Dayán ya había admitido seis acciones de inconstitucionalidad de partidos políticos y legisladores de oposición, y concedió una suspensión, pero no con efectos generales, sino solo para que las reformas no se apliquen en los procesos electorales de 2023 en Coahuila y el Estado de México.
Las reformas en cuestión afectaron las leyes generales de Comunicación Social (LGCS) y de Responsabilidades Administrativas (LGRA), en temas como derecho de los funcionarios a expresar opiniones políticas sin ser sancionados y gasto en propaganda. "El promovente de la controversia sostiene que el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LGCS y de la LGRA, en las porciones normativas que destaca, vulnera las disposiciones 1, 6, 7, 35, 41 y 134 de la Constitución Federal", explica el acuerdo de admisión de la controversia del INE.
"Además, que producen una violación directa a las funciones que, como órgano autónomo, le confiere el texto Constitucional, esto es, que el decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 Constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral.
