La Suprema Corte admitió a trámite impugnaciones contra la reforma electoral impuesta por AMLO, presentadas por municipios de Coahuila, Estado de México y Guanajuato.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite siete controversias constitucionales contra la primera parte del llamado ‘Plan B‘ electoral.
Se trata de impugnaciones impulsadas contra las modificaciones a Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Municipios de Coahuila. Los procesos, admitidos por el ministro Alberto Pérez Dayán, fueron presentados por los municipios de Monclova, Sierra Mojada y Matamoros, de Coahuila; Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, así como Guanajuato y Comonfort, en Guanajuato. El ministro rechazó el otorgamiento de una suspensión que solicitaron los municipios, debido a que se trata de recursos contra normas generales y porque no se actualiza la excepción establecida por la Corte, que consiste en que la suspensión solo puede otorgarse cuando se transgreda algún derecho humano. Estas controversias constitucionales se suman a las presentadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el municipio de Chihuahua.
Chihuahua. La controversia que interpuso el municipio de Chihuahua, Chihuahua, contra la Ley General de Comunicación Social, establece un gasto del 0.1 por ciento del presupuesto en campañas de difusión.
La Ley General de Comunicación Social menciona que es aplicable para los entes públicos que integran a los tres poderes de la Federación, de las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como los órganos a los que la Constitución dota de autonomía y cualquier otra institución o entidad de carácter público.
Gasto no rebase 0.1%. En su artículo 26 se específica que el “límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente”. Los municipios que buscan que se eche atrás la reforma pertenecen a los estados de México, Guanajuato, Yucatán, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Querétaro, Baja California Sur, Tlaxcala, Aguascalientes, Nuevo León y Guerrero. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha recibido 57 impugnaciones contra la entrada en vigor de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador conocido como el ‘Plan B’.
57 impugnaciones. Uno de los recursos fue promovido por el Instituto Nacional Electoral (INE), quien impugnó, entre otras cosas, el despido de Edmundo Jacobo Molina, quien fungió los últimos 14 años como secretario ejecutivo del organismo. De acuerdo con los estrados electrónicos del TEPJF, el resto de las impugnaciones fueron promovidas por ciudadanos de los estados de Oaxaca, Puebla, Chihuahua, Baja California Sur, Yucatán, Sinaloa, Ciudad de México, Guerrero, Coahuila y Estado de México, entre otros.
Remitidos a turno. Cabe destacar que los asuntos han sido remitidos, por turno, a cada una de las magistraturas, por lo que es evidente que las y los siete magistrados integrantes de la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia conocerán de los casos.
