Además, el magistrado negó conceder una suspensión provisional para frenar la aplicación de esta norma mientras se tramita el juicio.
German Cruz Silva, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, admitió el martes el primer amparo en contra de la Ley General de Comunicación Social (LGCS), parte del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral.
Esta ley es parte de las reformas en materia electoral que está promoviendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con esto, se establece que los estados y municipios pueden dedicar hasta 0.1 por ciento de su presupuesto anual a su programa de comunicación. A pesar de haber admitido a trámite el amparo, Cruz Silva no otorgó una suspensión a esta ley, por lo que esta seguirá vigente. La AMMAC puede impugnar este fallo mediante queja ante un tribunal colegiado de circuito.
Viola artículo 134. Según la (Asociación de Municipios de México) AMMAC, el tope de 0.1 por ciento, y la exigencia de que una Unidad Administradora del gobierno estatal respectivo verifique previamente los programas de comunicación social de los municipios, viola reglas del artículo 134 de la Constitución en materia de propaganda gubernamental. La priista Nayeli Gutiérrez Gijón es Presidenta Ejecutiva de la AMMAC, en cuya junta directiva participan alcaldes de varios partidos.
Presentan controversias. Las reformas a la LGCS, que, entre otros puntos, modifico el concepto de propaganda gubernamental para que no se sancione a los funcionarios por las opiniones que expresan, así como cambios a la Ley General de Responsabilidades a los Servidores Públicos, fueron la única parte del “Plan B” que el Congreso pudo aprobar en diciembre. Cuatro partidos de oposición y las minorías en las Cámaras de Diputados y Senadores ya presentaron acciones de inconstitucionalidad para impugnar ambas leyes ante la Suprema Corte de Justicia. Además, el Instituto Nacional Electoral (INE), el gobierno estatal de Coahuila, y municipios de oposición como Durango, Hermosillo, Guanajuato, Huixquilucan, Cuautitlán, Izcalli, Campeche, Querétaro y Mérida, ya también promovieron controversias constitucionales ante la Corte contra la misma reforma, pero todos estos recursos están pendientes de admisión en el máximo tribunal. Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, acusó a Ricardo Monreal de estar retrasando “tramposamente” la discusión y votación en el Senado del ‘Plan B’.
Impugnaciones. “Preocupa que, después de que Morena y sus aliados aprobaron el llamado ‘Plan B’, los legisladores oficialistas en el Senado jueguen con los tiempos para evitar que se puedan realizar impugnaciones a las leyes secundarias en materia electoral”, afirmó. ¿Cuál es el motivo de este señalamiento? Según el calendario explicado por Moreira, si el ‘Plan B’ fuera aprobado el 28 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador tendría hasta mediados de abril para publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, lo que le daría a la oposición solo un mes (mayo) para tramitar impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por otra parte, el Instituto Nacional Electoral alertó que la aprobación del ‘Plan B’ pondrá en riesgo el proceso electoral 2024, que incluye los comicios para presidente, Cámara de Diputados, Senado y nueve gubernaturas.
El aval a la propuesta presidencial reduciría el tamaño del Servicio Profesional Electoral en 84.6 por ciento, advirtieron vocales de las juntas distritales de la institución.
