Wilman Terán deberá permanecer encarcelado en régimen provisional bajo los cargos de presunta delincuencia organizada, mientras la Fiscalía continúa las investigaciones
Quito.- El juez Felipe Córdova, de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, ordenó este viernes el ingreso en prisión preventiva del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, detenido el jueves como parte del caso 'Metástasis', referente a una presunta gran trama de corrupción en el sistema judicial, carcelario y policial por infiltración y sobornos del narcotráfico.
Terán, en cuya vivienda se encontraron 25 mil dólares en efectivo al ser registrada por la Policía, deberá permanecer encarcelado en régimen provisional bajo los cargos de presunta delincuencia organizada mientras la Fiscalía continúa las investigaciones, cuyo periodo dispuesto por el juez para la instrucción es de 90 días.
La medida de prisión preventiva fue dictada para otros quince de los otros 31 detenidos por este mismo caso, mientras que uno recibió arresto domiciliario y los restantes catorce quedarán en libertad condicional, con medidas restrictivas como comparecer periódicamente ante la Justicia.
Así concluyó una audiencia judicial de formulación de cargos que tomó más de 24 horas para que el magistrado pueda dirimir la situación en la que seguirán el proceso todos los imputados, que fueron detenidos en un megaoperativo desarrollado en la madrugada del jueves en siete de las veinticuatro provincias del país.
En el caso de Terán, el magistrado consideró que existe un riesgo de fuga y de riesgo procesal por parte del exjuez de la Corte Nacional y actual presidente del Consejo de la Judicatura, que deberá ingresar en la Cárcel 4, de Quito, junto al resto de procesados que recibieron la misma medida.
Presunta compra de jueces
Por la condición que ocupaba en el momento de los hechos como juez de la Corte Nacional, la Fiscalía ubicó a Terán con un rol importante dentro de la trama de corrupción, que descubrió al revisar los teléfonos celulares de Leandro Norero, uno de los presuntos narcotraficantes más grandes de Ecuador, asesinado durante una masacre carcelaria el año pasado.
Para el Ministerio Público, Terán tuvo una presunta colaboración con el grupo criminal de Norero en la planificación para comprar las decisiones de los jueces nacionales frente a un eventual recurso de habeas corpus en favor del hermano de Norero.
Terán anunció el jueves a través de redes sociales que ha pedido la recusación del juez Córdova al señalar que no siente "independencia ni transparencia en el proceso" y denunciar que recibió "un trato inhumano" durante su detención al señalar que, presuntamente, se le ha limitado la alimentación, hidratación, aseo y descanso.
La detención de Terán se produce en medio de un pulso dentro de la judicatura por el proceso de selección de nuevos jueces para la Corte Nacional, mientras el correísmo busca abrir un juicio político en la Asamblea Nacional (Parlamento) para destituir a la fiscal general, Diana Salazar, que en años anteriores llevó la acusación que derivó en la inhabilitación y condena de ocho años de cárcel por cohecho que pesa sobre el expresidente Rafael Correa.
Juez en arresto, general de Policía en libertad
En arresto domiciliario, librado de la prisión preventiva por ser mayor de 65 años, quedó el exjuez penal Ronald Guerrero, quien estuvo a cargo del juicio por presunto lavado de activos contra Norero, y al que la Fiscalía señala de pedir altas sumas de dinero para archivar el caso.
Entre quienes quedaron en libertad está el general de la Policía Pablo Ramírez, quien ejerció de director del sistema nacional penitenciario y director de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional ecuatoriana, y al que el Ministerio Público apunta como responsable de beneficiarios penitenciarios recibidos por Norero.
Mientras se desarrollaba el operativo, la fiscal general Diana Salazar consideró que "el caso 'Metástasis' es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado, para a través del dinero mal habido operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos".
La fiscal enfatizó que "hoy el término de la 'narcopolítica' ha sido evidenciado y ya no es lejano, porque podemos ver cómo las estructuras delincuenciales han permeado las instituciones para conseguir sus objetivos, y con seguridad la respuesta a este operativo será una escalada de violencia".
