Toledo es requerido por la justicia para enfrentar acusaciones por colusión y lavado de activos
Los Ángeles.- Un juez en Estados Unidos ordenó este miércoles la detención del expresidente peruano, Alejandro Toledo, para proceder con su extradición a Perú.
El juez Thomas Hixon, del Distrito Norte de California, emitió hoy una orden revocando la libertad bajo fianza del expresidente y pidiéndole que se entregue a las autoridades este viernes, 7 de abril, a las nueve de la mañana en San Francisco.
El magistrado también revocó la fianza del exmandatario y le devolvió la custodia al Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos (United States Marshals Service).
Ese órgano de la policía norteamericana entregará al exmandatario a las autoridades peruanas que deberán viajar a Estados Unidos, explicó la procuradora ad hoc del Caso Lava Jato, Silvana Carrión, horas antes de que se conociera la decisión del juez.
En la resolución, a la que accedió El Comercio, Thomas S. Hixon garantiza que Toledo será recluido en una cárcel adecuada, donde permanecerá hasta que sea entregado a las autoridades peruanas.
El magistrado había dejado pendiente en marzo pasado su pronunciamiento a la espera de la resolución de la apelación planteada por Toledo en el Noveno Circuito de la Corte de Estados Unidos.
Este miércoles, horas antes de la decisión del juez Thomas S. Hixon, el Gobierno de Estados Unidos presentó un nuevo requerimiento de detención contra Toledo.
El pedido se hizo luego de que el Tribunal de Apelaciones para el Noveno Circuito de la Corte de Estados Unidos rechazara un recurso impugnatorio del expresidente para suspender la ejecución de su extradición hacia el Perú.
El documento fue presentado ante la Corte del Distrito Norte de California, que tiene a su cargo el proceso de extradición.
Toledo es requerido por la justicia peruana para que afronte una acusación por lavado de activos y colusión.
La fiscalía solicitó 20 años y seis meses de cárcel para el exmandatario por haber recibido una presunta coima de 35 millones de dólares de empresas brasileñas, entre ellas Odebrecht, a cambio de beneficiarlas con la licitación de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur.
