Un juez federal ha ordenado al Departamento del Interior de Estados Unidos que amplíe la venta de permisos de extracción de petróleo y gas en el Golfo de México, prevista para la semana próxima, al rechazar un plan del gobierno de Joe Biden de reducir la venta para proteger a una especie de ballena en peligro de extinción.
Según la propuesta anunciada en marzo, la venta del 27 de septiembre habilitará 30 hectáreas (73 acres) de parcelas submarinas para la extracción. En agosto se redujo la zona habilitada a 27 hectáreas (67 acres) cuando la Oficina de Administración de Energía Oceánica (BOEM por sus siglas en inglés) anunció los planes finales para la venta. Pero el juez federal de distrito James David Cain Jr. en la ciudad de Lake Charles restauró el área inicial en una orden el jueves por la noche.La revisión de la BOEM incluía nuevos límites de velocidad y requisitos para el personal en buques petroleros en algunas de las zonas —también bloqueados por la orden de Cain.
BOEM había adoptado la zona reducida y las nuevas normas para la venta de la próxima semana como parte de un acuerdo entre el gobierno y ambientalistas logrado el mes pasado para resolver una demanda de protección de las ballenas presentada en una corte federal en Maryland.
Chevron, Shell Offshore, el American Petroleum Institute y el estado de Luisiana presentaron una demanda para anular la reducción de la zona y bloquear las nuevas medidas de protección de las ballenas incluidas en las condiciones de venta de los permisos. Argumentaron que las medidas del gobierno violaban las cláusulas de la Ley de Reducción de la Inflación que incluían incentivos para la energía limpia y creaban nuevas oportunidades para la extracción en el Golfo de México. También sostuvieron que los cambios después de la propuesta de venta de marzo violan la ley federal porque se los aprobó arbitrariamente, sin explicar debidamente la necesidad.
Por otra parte, una demanda iniciada por Earthjustice y otros grupos ambientalistas trata de detener totalmente la venta de permisos que, argumentan, viola la Política Ambiental Nacional. Dicen que el gobierno no tuvo en cuenta las amenazas a la salud de poblaciones de la costa del Golfo cerca de las refinerías ni los impactos de la extracción de combustibles fósiles sobre el clima.
