El caso fue presentado por una demandante cuya solicitud de un cambio de sexo en su registro familia —a femenino desde el masculino que le fue asignado al nacer— fue rechazada por tribunales inferiores.
La Corte Suprema de Japón dictaminó este miércoles que la ley que obliga a las personas transgénero a extirparse los órganos reproductivos para cambiar oficialmente de sexo es inconstitucional.
La decisión de la Gran Sala del alto tribunal, compuesta por 15 magistrados, fue la primera acerca de la constitucionalidad de la ley aprobada en 2003 que exige la extracción de las gónadas para que el Estado reconozca el cambio de género, una práctica criticada desde hace años por asociaciones internacionales de derechos y médicos.
El caso fue presentado por una demandante cuya solicitud de un cambio de sexo en su registro familia —a femenino desde el masculino que le fue asignado al nacer— fue rechazada por tribunales inferiores.
La decisión se produce en un momento de mayor concientización sobre los problemas que rodean a la comunidad LGTBIQ+ en Japón y supone una gran victoria para el colectivo.
Según la agencia noticiosa Kyodo News, el fallo acerca de la inconstitucionalidad de la parte de la norma que exige la pérdida de las funciones reproductivas para el cambio de sexo fue unánime. Por el momento no había más detalles disponibles acerca de la decisión.
De acuerdo con la ley anulada, las personas trans que querían cambiar el sexo asignado biológicamente en registros familiares y otros documentos oficiales debían ser diagnosticadas con Trastorno de Identidad de Género y someterse a una cirugía para extirpar sus órganos reproductores.
Los activistas LGTBIQ+ del país han intensificado sus esfuerzos para sacar adelante una ley antidiscriminación luego de que un antiguo asesor del primer ministro, Fumio Kishida, dijo en febrero que a él no le gustaría vivir junto a una persona del colectivo y que los ciudadanos huirían de Japón si se aprueba el matrimonio homosexual.
Pero los cambios han sido lentos y Japón es el único país del Grupo de los Siete que no permite los enlaces entre personas del mismo sexo ni contempla protecciones legales para esas parejas, incluyendo una ley efectiva contra la discriminación.
