Gaspar Romero Campos es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades
Morelia.- El exdirector del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, Gaspar Romero Campos, enfrenta una nueva acusación penal en su contra.
El exfuncionario del gobierno de Silvano Aureoles Conejo ahora es investigado debido a su presunta responsabilidad en los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades.
La información hecha llegar a este medio de comunicación revela que Romero Campos aplicó de manera indebida 93 millones 159 mil pesos que estaban etiquetados para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Las presuntas desviaciones de los recursos públicos ocurrieron durante los meses de febrero, junio, julio, septiembre y octubre del año 2021, durante la administración estatal silvanista.
Y ahora, con la suma de los recargos y el factor de actualización, el daño patrimonial a la institución alcanza los 118 millones 562 mil pesos, según estimaciones hechas por la parte acusadora del gobierno de Michoacán.
De resultar condenado por un juez por las denuncias que se le señalan, el ex director del Colegio de Bachilleres tendrá que reintegrar, tan solo de intereses generados, 25 millones 403 mil pesos, más el monto inicial.
Además, que de confirmarse la actividad ilícita, Gaspar Romero puede ir a la cárcel en cualquier ciudad del país, ya que se trata de un delito del fuero federal.
Fuentes consultadas en el COBAEM señalaron enfáticas que la investigación de orden penal — en contra de Gaspar Romero Campos — continúa hasta este momento “en curso y activa”.
Además se pudo confirmar que su exdelegado administrativo en el subsistema, Héctor Antonio Jaime Heredia, también es investigado por ser presuntamente corresponsable de no haber cumplido con el pago del ISR.
Las fuentes consultadas refirieron que la denuncia penal fue presentada ante la Fiscalía General de la República, el 19 de agosto del año pasado.
Dijeron que el proceso está en la etapa de integración de datos de prueba.
Este ha sido el defalco millonario, uso indebido de recursos públicos, así como uso ilícito de atribuciones y facultades, más grande en la historia de esa institución educativa.
