Reporte sobre la sostenibilidad fiscal. Análisis y prospectivas del Paquete Económico 2023.
Saltillo, Coah. – Desde 2009, los ingresos públicos no han sido suficientes para cubrir la totalidad del gasto público y estos déficits han resultado en una mayor deuda pública, según muestra el “Reporte sobre sostenibilidad fiscal. Análisis y prospectivas del Paquete Económico 2023”, presentado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
¿POR QUÉ HABLAR DE SOSTENIBILIDAD?
Un sistema fiscal es insostenible cuando requiere, en un futuro cercano o lejano, ajustar significativamente su desbalance presupuestario, ya sea: aumentando la carga impositiva y/o recortando, en cantidad y/o en calidad, los bienes y servicios públicos.
Por el contrario, la sostenibilidad fiscal existe cuando los recursos son suficientes para cumplir con las obligaciones públicas y, por consiguiente, cuando es balanceado entre las personas actualmente vivas y las futuras generaciones.
Lo anterior se torna relevante si se consideran tres situaciones macroeconómicas que debilitan la equidad intergeneracional del sistema fiscal para el 2023: la baja productividad por trabajador.
De 2005 a 2022, el PIB real ha crecido, en promedio, 1.6% cada año. Sin embargo, el PIB por población ocupada (i.e. el producto medio que genera cada trabajador) sigue, desde 2020, en niveles previos al 2005 (salvo por 2009, ).
En este sentido, se requiere invertir en capital físico y humano para que las futuras generaciones sean lo suficientemente productivas como para enfrentar cualquier obligación heredada.
Altos costos de la deuda. Con un SHRFSP que equivale 112 mil 560 pesos por habitante a noviembre de 2022 y una tasa de interés de referencia de Banxico de 10.5%, el costo financiero para 2023 ascendería a 3.7% del PIB, superando el gasto en educación (SHCP 2021).
El eventual fin del petróleo. Para cumplir con las metas nacionales e internacionales de la transición energética hacia energías limpias, una planeación fiscal es urgente para hacer frente a una eventual despetrolización de las finanzas públicas y a los pasivos reconocidos (y contingentes) ante inversionistas, trabajadores y jubilados, particularmente, de Pemex.
