INE exige respetar tiempos para selección de las candidaturas
Se lleva a cabo con la finalidad de un proceso electoral meramente transparente.
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió siete solicitudes de medidas cautelares, presentadas por los partidos Morena, Acción Nacional, una ciudadana y un ciudadano, respectivamente.
Morena denunció la supuesta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña, violación a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, por parte de Marko Antonio Cortés Mendoza, Alejandro Moreno Cárdenas y Jesús Zambrano Grijalva, presidentes y/o dirigentes nacionales de los partidos políticos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), respectivamente, derivado de haber anunciado en un evento llevado a cabo el 26 de junio de 2023, la creación del “Frente Amplio por México”, así como la convocatoria conjunta para la elección de la candidatura a la Presidencia de la República para el 2024, al cual le denomina “Representante del Frente por México”; y la culpa in vigilando de los partidos políticos denunciados, por tal motivo, solicitó el dictado de medidas cautelares. Al respecto, la Comisión determinó procedente el dictado de las medidas cautelares, en su vertiente de tutela preventiva, porque, desde una perspectiva preliminar, las acciones que, en su caso, realicen los partidos políticos denunciados, podrían actualizar la violación al principio de equidad al Proceso Electoral Federal próximo.
Precampaña. En consecuencia, por unanimidad de las personas integrantes de la Comisión, se resolvió ordenar al PAN, PRI y PRD y a las personas que aspiren a ser “Responsables de la Construcción del Frente Amplio por México”, respetar los tiempos que marca la ley para la realización de procedimientos de selección de candidaturas, de conformidad con las reglas en materia de campañas y precampañas establecidas en la legislación y constreñirse a los límites y parámetros constitucionales, recalcándoles la obligación de conducirse acorde a los principios de legalidad y equidad, por lo que su actuar deberá ajustarse a las acciones. La Comisión advirtió que si en este proceso se realizan conductas posiblemente antijurídicas estará en condiciones de dictar las medidas preventivas que correspondan, incluso oficiosamente.
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