El conejero presidente, Lorenzo Córdova, asegura que la afetación será para la identidad, asociación política, igualdad y secrecía del voto.
Por la desaparición de personal del Servicio Profesional Electoral Nacional que ordenaría el Plan B de reforma electoral, el INE menciona que se dejaría de garantizar nueve derechos de la ciudadanía en la realización de elecciones, en su informe de daños por esa reforma, entregado al Consejo General.
Consejeros electorales han calculado que al desaparecer vocalías en lo que serían los órganos locales (ahora Juntas locales) y en las oficinas auxiliares (ahora juntas distritales) se estaría recortando a casi el 85% del personal, por lo que, las tareas realizadas, por esos trabajadores difícilmente podría cubrirse por el 15% que se quedaría para laborar. Los nueve derechos afectados son: a la identidad, a la asociación política, igualdad y secrecía del voto, elegir libremente a gobernantes y representantes, elecciones libres y auténticas, información y transparencia, participar en condiciones de equidad y ser electo, derecho a la justicia en materia electoral y derecho a la participación política y discusión de la agenda pública.
El Senado. El llamado Plan B se perfila como la reforma electoral más impugnada en la historia y la Suprema Corte deberá resolver sobre su constitucionalidad antes de junio, pues el artículo 105 de la Carta Magna prohíbe cambios al marco legal en la materia 90 días antes del inicio de los procesos electorales. Así lo advierte un análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, al subrayar que hasta el pasado 1 de febrero se habían presentado ya un juicio de amparo, cuatro acciones de inconstitucionalidad por parte de partidos políticos y dos más de legisladores, así como una controversia constitucional del INE contra las reformas en materia de propaganda gubernamental aprobadas por Morena y sus aliados.Adicionalmente, el Senado de la República prevé discutir y votar esta semana la parte pendiente del Plan B que, entre otros aspectos, plantea la compactación y eliminación de estructuras administrativas del INE, así como la cancelación de la “cláusula de vida eterna”.
