Indígenas oaxaqueñas denuncian presunta extorsión por 1mdp por funcionaria de la fiscalía ambiental

En medio de una manifestación frente al búnker mujeres triquis, otomíes, zapotecos, mixtecos y mazahuas acusaron a Nohemí Ayala Reyes de pedir dinero a cambio de no echarlos del predio en el que viven

Los presuntos actos de corrupción de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) se siguen denunciando, ahora un grupo de indígenas oaxaqueños acusó de extorsión a la agente del Ministerio Público Nohemí Ayala Reyes perteneciente a la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y Protección Urbana (FIDAMPU).

Por tal motivo, los inconformes realizaron una protesta afuera del búnker de la FGJ para exigir a las autoridades su intervención; aseguran que la agente en mención, supuestamente, les ha pedido un millón de pesos para no echarlos de un predio donde viven actualmente.

La protesta fue encabezada por mujeres que dijeron ser de triquis, otomíes, zapotecos, mixtecos y mazahuas.

“Somos más de 150 familias que vivimos en Calzada de la Viga 165, la licenciada Nohemí Ayala nos quiere extorsionar para dejarnos vivir ahí, si no pagamos nos van a mandar granaderos. Nosotros estamos en pláticas con el Gobierno para comprar el lugar, pero nos parece injusto que nos saquen mientras negociamos”, acusó una mujer que prefirió omitir su nombre por temor a represalias.

Los manifestantes llevaban pancartas donde acusaban a la Fiscal Ernestina Godoy, a su secretario particular, Rigoberto Ávila Ordóñez, y a la fiscal de FIDAMPU, Alma Luisa Rodríguez Soberanes de "proteger a Ministerios Públicos corruptos y mantenerlos en posición elevada", decía una pancarta.

“Nohemí Ayala, corrupta, nos deja sin hogar”, “Nohemí Ayala, miembro del cártel inmobiliario”, se lee en las pancartas.

En días pasados, la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios presentó un Punto de Acuerdo ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México para exhortar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) investigar casos de desalojos extrajudiciales.

El exhorto fue hecho luego de que recibió un cúmulo de quejas en contra de funcionarios de FIDAMPU, quienes buscan extorsionar a las víctimas de un inmueble en disputa.

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