El clero recalcó que han denunciado de manera permanente la crisis social, la presión y la presencia de grupos criminales, sin tener alguna respuesta
Mediante un comunicado autoridades eclesiásticas, denunciaron el estado de violencia que se vive en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, en dicho oficio señalaron amenazas, hostigamiento, persecución y presión social de diferentes grupos para tomar partido por uno u otra organización criminal, enfatizó Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de San Cristóbal de las Casas y Luis Manuel López Alfaro, obispo auxiliar.
“En estos tiempos de crisis frente a la violencia estructural e institucional con la presencia de la delincuencia organizada que lacera la vida de nuestras comunidades y nuestros pueblos de Chiapas estamos sufriendo los asesinatos, secuestros, desapariciones, amenazas, hostigamiento. Los grupos delincuenciales se han apoderado de nuestro territorio y nos encontramos en estado de sitio, bajo psicosis social con narcobloqueos que usan como barrera humana a la sociedad civil”, señaló el documento.
También reiteraron que la iglesia es servidora de la vida al ser humano, defensora de los derechos, de la liberación en el sentido de la liberación de las personas y la promoción del bien común del pueblo.
Asimismo, el clero recalcó que han denunciado de manera permanente la crisis social, la presión y la presencia de grupos criminales, sin tener alguna respuesta. ”El silencio de las autoridades pone en riesgo la integridad humana y nos demuestra un estado fallido, rebasado y coludido con los grupos criminales”, denunciaron.
Hacen un llamado a la comunidad internacional a visibilizar el estado de violencia que tiene Chiapas y a las autoridades correspondientes para brindar seguridad a la sociedad. Exigen: atención de manera urgente a los casos de violencia e inseguridad, atender las denuncias de la sociedad civil, girar y ejecutar de manera inmediata las órdenes de aprehensión a grupos criminales, restablecer el orden social y hacer valer el estado de derecho a la sociedad civil.
El documento va dirigido a los tres niveles de gobierno, organismos encargados de los derechos humanos, a los participantes del Diálogo Nacional por la Paz, y a la sociedad civil.
