Han muerto 185 personas en cárceles de El Salvador y más de 70 mil han sido detenidas: Cristosal
La organización Cristosal acusó de que hay poca información sobre el paradero de mujeres trans detenidas, así como de maltrato que sufren dentro de las cárceles.
La situación en Centroamérica se ha complicado en los últimos años, donde la militarización, así como la restricción de derechos humanos y decreto de estados de excepción, se han vuelto muy comunes en países como El Salvador, Honduras, Nicaragua, entre otros.
Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, organización sin fines de lucro que brinda asistencia legal a víctimas en sus procesos legales, afirmó que los gobiernos centroamericanos se les ha hecho muy cómodo implementar medidas restrictivas y militarizar la seguridad pública para solucionar problemas sociales.“Los gobiernos se sienten muy cómodos decretando estados de emergencia, usando medidas de restricción de derecho y la militarización como una solución a todo problema social o estructural, por ejemplo, lo que hace Guatemala para frenar las caravanas migrantes decretaron estado de sitio en zonas fronterizas con Honduras”, señaló Bullock.
Añadió que los estados de excepción son una amenaza para el modelo democrático que empezaba a surgir en la región y que estos son insuficientes para atender los problemas de inseguridad en Centroamérica.
Indicó que “la premisa subyacente que justifica un estado de excepción es que los gobiernos democráticos son insuficientes para abordar temas tan importantes como lo es la seguridad pública y, por tanto, es necesario restringirlo y operar fuera de los marcos legales.”
En el caso de El Salvador, a un año y 6 meses que el presidente Nayib Bukele implementó el llamado “régimen de excepción” en el país, han fallecido 185 personas dentro de las cárceles y poco más de 70 mil han sido detenidas sin orden de aprehensión o alguna investigación previa, según el informe “Un año bajo el régimen de excepción: una medida permanente de represión y de violaciones a los derechos humanos”, presentado por Cristosal.
Según el informe, hay una gran disminución de homicidios en El Salvador, pasando de 18 por cada 100 mil habitantes en 2021 a 7.8 en 2022, sin embargo, es algo que David Morales, director de Litigio Estratégico de Cristosal, no se puede explicar, ya que no hay documentos que prueben que existe una estrategia de seguridad efectiva por parte del gobierno de Bukele.“Como explicar esta disminución de los homicidios, bueno no podemos explicarlo vía una política de seguridad exitosa, no hay una política de seguridad, ni siquiera un documento, como se dio a conocer en gobiernos anteriores. Ellos -el gobierno de Bukele- hablan de un plan territorial, cuyo documento es reservado, solo se conoce una versión de 9 páginas, que habla de una característica general y que tiene toda política de seguridad, pero que no es posible verificar”, indicó David Morales.
El régimen de excepción, un producto de comunicación “exitoso”.
El 27 de marzo de 2022, el gobierno del presidente Nayib Bukele decretó el régimen de excepción que duraría 30 días, debido al asesinato de 87 personas en un fin de semana sangriento que no se veía desde hace tiempo en El Salvador.
Sin embargo, con 16 prorrogas, el estado de excepción se ha vuelto algo ya permanente.
El abogado David Morales mencionó que el régimen de excepción en El Salvador se basa en un control total del gobierno sobre los medios de comunicación, el poder Legislativo y Judicial, creando así la narrativa de que es un éxito.
En 2021, el partido de Bukele, Nuevas Ideas, logra una aplastante victoria en las elecciones legislativas, logrando obtener el 70% de la Asamblea y logrando la mayoría absoluta y calificada.
Una de las primeras acciones que hizo esta nueva Asamblea fue la destitución de los jueces Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General, Raúl Melara, que estaba llevando a cabo investigaciones en contra del gobierno de Bukele.
En su lugar, nombraron a jueces de menor rango y cercanos al Bukelismo y a Nuevas Ideas como los nuevos integrantes de la Corte Suprema.
Aparte de eso, el gobierno ha logrado controlar al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), nombrando a comisionados afines y reformando la Ley de Acceso a la Información Pública, por lo que el acceso a la información en El Salvador se ha complicado.
El abogado de Cristosal señaló que el presidente Bukele sabe vender su figura, a costa del erario y en total opacidad, además de que utiliza las pautas publicitarias para controlar a los medios, aparte de crear su propio periódico gubernamental.
Aparte, ha utilizado bots en contra de personas que critican al régimen pese a no ser del país, como es el caso de Érika Guevara Rosas, directora Senior Global de Investigación, Incidencia y Política de Amnistía Internacional, que al presentar un informe sobre El Salvador, recibió un ataque masivo en sus redes sociales por parte de Bots apoyando a Bukele.
“Esto ha sido una característica del gobierno que se ha trasladado al régimen de excepción, y la venta del régimen de excepción como la herramienta de gran éxito que desplomó los homicidios y desmanteló las pandillas ha sido un producto comunicacional exitoso como tal”, añadió David Morales.
Los jóvenes y población LGBTIQ+, los más afectados
La gran mayoría de las personas aprehendidas por las fuerzas policiales y armadas salvadoreñas son son jóvenes de entre 18 y 30 años, de escasos recursos, que se dedican al comercio informal o son jornaleros, entre otras profesiones, donde los culpan de pertenecer a las pandillas de los Maras o por actos de terrorismo, según el informe de Cristosal.
También muchas de las personas que han detenido forman parte de la comunidad LGBTIQ+ han sido afectadas por el régimen de excepción, al ser discriminadas y violentadas en todo el momento, sin que sirvan los mecanismos diseñados para que esto no pase.
“Me pidieron que me levantara la camisa y observaron que tenía un tatuaje alusivo a la población LGBTIQ+, y cuando lo vieron, un soldado dijo: ´Es culero ganas de darle verga dan”, según un testimonio de un joven de la comunidad LGBTIQ+ incluido en el informe.
En el informe, la organización Cristosal acusó de que hay poca información sobre el paradero de mujeres trans detenidas, así como de maltrato que sufren dentro de las cárceles.
David Morales indicó que la gran mayoría de las detenciones son arbitrarias, sin ordenes de jueces, sin causa legal o investigación previa y que ocurren allanamiento de morada de manera ilegal, así como llamadas anónimas donde señalan a gente de formar parte de las pandillas.“Todas las personas que estaban en la base de datos del sistema penal, del sistema de cárceles, que recibieron una condena, la cumplieron y salieron libres, porque habían recibido algún beneficio de libertad condicional o que si fue un delito menor y le dieron una pena distinta a la prisión, fueron por ellos y se los llevaron”, comentó David Morales.
La organización también ha recopilado información sobre torturas efectuadas por policías y soldados dentro de los centros penitenciarios, donde los asfixian, les dan choques eléctricos, los golpean y también no les dan suficiente comida al día.
La privación de alimentos y agua son una forma de las torturas generalizadas, anunciadas por el presidente, donde dijo en un discurso: ‘Solo van a haber dos comidas al día’, así lo dijo, en un discurso muy enfático”, mencionó David Morales.
Mientras que las muertes dentro de los penales no son reportadas por las autoridades, sino que las funerarias son las que acuden con los familiares para avisarles y puedan realizar los gastos funerarios.
Pese a tener un número de muertes, los miembros de Cristosal advirtieron que probablemente sean muchos más, ya que no hay datos oficiales y la información se ha recopilado por medio de los familiares y lo que el Instituto de Medicina Legal (IML) logre dar, ya que también es una dependencia controlada por el gobierno.
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