El acuerdo entre la administración Biden y la Unión Americana de Libertades Civiles, asociación que representa a las familias separadas de sus hijos, aún debe ser aprobado por el juez.
Un acuerdo presentado este lunes en una larga demanda sobre la separación de padres e hijos en la frontera durante la administración Trump prohíbe al gobierno separaciones similares durante ocho años.
La administración de Joe Biden y más de 4 mil migrantes que fueron separados de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México por la administración Trump llegaron a este acuerdo que permite a las familias afectadas vivir y trabajar en Estados Unidos durante tres años mientras reciben vivienda, salud mental y asistencia legal para solicitar asilo.
El acuerdo también prohíbe al gobierno federal separar a cualquier familia migrante que cruce la frontera durante ocho años, a menos que los padres sean considerados un peligro para sus hijos o para el público o que hayan ingresado previamente al país de manera ilegal más de dos veces.
El acuerdo entre la administración Biden y la Unión Americana de Libertades Civiles, asociación que representa a las familias separadas de sus hijos, aún debe ser aprobado por el juez. Pero si se concreta, haría mucho más difícil para cualquier administración, incluido el expresidente Trump, favorito para la nominación presidencial republicana, revivir una de sus tácticas más controvertidas para detener la inmigración en la frontera sur si gana las elecciones del próximo año.
"Es nuestra intención hacer todo lo posible para asegurarnos de que la crueldad del pasado no se repita en el futuro. Hemos establecido procedimientos a través de este acuerdo para avanzar en ese esfuerzo", dijo a The Associated Press el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
La administración Trump separó entre 2017 y 2018 a miles de niños de sus padres o tutores con los que viajaban al pasar a procesar penalmente a las personas por cruzar ilegalmente la frontera suroeste. Los menores no podían permanecer bajo custodia penal con sus padres. Fueron transferidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos y luego típicamente enviados a vivir con un patrocinador, a menudo un pariente o alguien más con una conexión familiar. Sin embargo, a muchos de esos niños se les “perdió el rastro”, lo que desató una ola de indignación pública.
El acuerdo alcanzado puede aún ser descarrilado por los republicanos en el Congreso si desafían el mandato del tribunal de asignar dinero para reunificar y proporcionar servicios a las familias separadas.
Se espera que el juez de distrito Dana Sabraw, del Distrito Sur de California, apruebe el acuerdo propuesto, pero es posible que se le pida que revise las objeciones, informó NBC News. Esas objeciones podrían provenir de partes como America First Legal, un grupo legal conservador dirigido por Stephen Miller, el exasesor de Trump considerado el arquitecto de la política de separación familiar.
Las familias también buscaban una compensación económica del gobierno estadounidense, pero el Departamento de Justicia de la administración Biden se alejó abruptamente de esas negociaciones hace dos años y cuando se le cuestionó a Biden si las familias recibirían 450 mil dólares cada una y dijo que "no va a suceder”.
