La relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Poder Judicial históricamente ha estado marcada por tensiones y desafíos a lo largo de su mandato.
Estos conflictos han surgido en torno a temas clave como la independencia judicial, decisiones controvertidas y propuestas de reformas federales, en los que ha destacado la complejidad de mantener un equilibrio entre poderes en lo que AMLO califica como democracia, pero que en el fondo actúa como un mecanismo de venganza para anteponer su voluntad.
LOS HECHOS
Desde el inicio de su presidencia en diciembre de 2018, López Obrador ha expresado su deseo de luchar contra la corrupción y la impunidad en México. Sin embargo, esto ha llevado a choques con el Poder Judicial, ya que algunas de las decisiones judiciales han sido interpretadas como contrarias a los esfuerzos del presidente por combatir estas problemáticas. Y se ha planteado el cuestionamiento de si estas tensiones podrían afectar la independencia del Poder Judicial y su capacidad para tomar decisiones imparciales y libres de interferencias políticas.
López Obrador ha propuesto en diversas ocasiones reformas legales que han sido objeto de controversia y debate. Entre ellas se encuentra la iniciativa para modificar el sistema de justicia penal acusatorio en México, que ha sido cuestionada por expertos legales y miembros del Poder Judicial. Estas propuestas han desencadenado incluso discusiones acerca de los límites del Poder Ejecutivo para influir en el sistema judicial y han generado preocupaciones sobre la independencia del sistema de justicia.
Además, varios casos de alto perfil han agudizado las tensiones entre el presidente y el Poder Judicial. Por ejemplo, el manejo de la liberación de presuntos delincuentes ha generado críticas hacia el sistema de justicia penal. Además, las decisiones judiciales relacionadas con temas como la consulta popular sobre enjuiciar a expresidentes y la regulación de salarios de los servidores públicos han suscitado diferencias y desacuerdos entre el Ejecutivo y el Judicial.
Así, estos conflictos entre AMLO y el Poder Judicial han reflejado los desafíos inherentes al sistema democrático de separación de poderes, pues aunque el presidente tiene el derecho y la responsabilidad de expresar sus puntos de vista, también es esencial preservar la independencia y la integridad del Poder Judicial para garantizar un sistema de justicia imparcial y equitativo.
Según datos de la UNAM, la llamada “cifra negra” (compuesta por los delitos efectivamente cometidos que no llegan al conocimiento de la autoridad) alcanza al 75% del total de delitos cometidos en México. En otras palabras, 3 de 4 delitos no se denuncian.
Además, del 25% de delitos que sí son denunciados solamente se concluye la investigación ministerial en el 4.55%, pero se pone a alguna persona a disposición de los jueces solamente en el 1.6% del total de delitos cometidos. Es decir, de cada 100 delitos, solamente 1.6 llega ante el conocimiento de un juez, y las condenas judiciales alcanzan una cifra del 1.06%, lo que significa que la impunidad alcanza una horrorosa cifra del 99%.
Sí, es innegable que el Judicial, como los otros Poderes, están urgidos de renovarse en el país, pero amagar con reformarlos únicamente desde afuera, y como respuesta a controversias u opiniones dispares (léase libros de texto), solo agudizará la crisis del sistema mexicano y no dejará de ser una venganza, a veces más peligrosamente mediática que legal.
¿O usted qué opina?
