Agosto de 2010. Un grupo del crimen organizado asesinó a 72 migrantes provenientes de Centro y Sudamérica en San Fernando, Tamaulipas. Entre las víctimas había 14 mujeres.
Mayo de 2015. Ocurre un enfrentamiento entre la entonces Policía Federal y supuestos integrantes de un grupo criminal, en la comunidad de Tanhuato, Michoacán. Murieron 42 civiles armados y 1 policía.
Noviembre de 2019. Masacre de la familia LeBarón. Presuntos miembros del crimen organizado atacaron y dieron muerte a un grupo de mujeres y menores de edad pertenecientes a la familia méxico-estadounidense de credo mormón, en una intrincada zona de la Sierra Madre Occidental, en las inmediaciones de la comunidad de La Mora, municipio de Bavispe, en el extremo noreste del estado de Sonora y muy cercano a sus límites con el de Chihuahua.
Agosto de 2019. Presuntos criminales organizados realizaron un ataque armado y con bombas incendiarias en un centro nocturno llamado "Caballo Blanco", en la ciudad de Coatzacoalcos del estado de Veracruz.
Marzo de 2011. Masacre de Allende, en Coahuila. Dos días consecutivos de ataques. Destrucción, asesinatos y secuestros.
Es innegable que si esto no es terrorismo, es poco imaginable lo que sí lo puede ser.
Es también innegable, y lógico en sobra, que una declaratoria no hace la diferencia, pues aunque el pulso de un país históricamente convulso tiene un derecho justo al reclamo, esta ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador representa la postura correcta.
Por supuesto, la colaboración, las labores de inteligencia conjunta, la seguridad fronteriza y la vigilancia migratoria, guste o no, son necesarias ante el peso de las organizaciones a combatir, pero sin una cultura de la prevención, de la salud, de la educación, social, cultural, laboral y de una pulcra justicia, son nada.
La propuesta republicana de declarar terroristas a los cárteles mexicanos poco tiene que ver con México y raya más en la politiquería estadounidense que en la sangre derramada y las vidas destruidas de ambos lados de la frontera.
Puede sonar a un argumento AMLISTA, pero sin demanda no hay oferta, o dicho en otras editoriales nacionales: si Estados Unidos declara terroristas a los narcotraficantes mexicanos, ¿los consumidores protegidos por barras y estrellas deberían ser llamados auspiciantes del terrorismo?
AMLO tiene todo el derecho e incluso la obligación constitucional de defender la soberanía de México y aunque para muchos de quienes escribimos al margen de la 4T pueda resultar complicado reconocerlo, debemos hacer valer la postura del presidente.
En México, tenemos posibilidad de resolver los asuntos de México. Y aunque reitero que la enormidad del reto da validez a las alianzas multinacionales, la forma republicana de abordar el tema no es hoy la más adecuada y no implica otro cambio en estructuras, más que en el mercado de votos. ¿O usted qué opina?
