El instituto formalizó su controversia constitucional, donde busca no afectar los derechos laborales de los empleados del organismo.
El INE formalizó su controversia constitucional contra el Plan B de la reforma electoral en la que pide interrumpir de inmediato su aplicación para no afectar los derechos laborales de los empleados del organismo.
En su argumentación, el Instituto argumenta que no sólo está defendiendo su autonomía, también la aplicación de la Constitución, pues 200 artículos de la nueva normatividad vulneran 25 disposiciones constitucionales. "Se solicita al Máximo Tribunal otorgue una suspensión y, en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias, se interrumpa la aplicación de la reforma y, por lo tanto, de sus efectos de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral y a los derechos políticos de la ciudadanía", indicó el organismo.
Dividido en 4 ejes. El recurso, que contraviene el segundo paquete de reformas del llamado Plan B publicadas por el ejecutivo el 2 de marzo, está dividido en cuatro ejes: uno, grave violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión. "En franco fraude a la ley, impactaron en la calidad democrática de la reforma, pues dio trámite urgente a una iniciativa que por disposición legal no podía ser sometida al mismo, no respetó el principio de publicidad, ni mucho menos el deliberativo que rige al órgano legislativo, impidiendo la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria", apunta. Dos, el Poder Legislativo y Ejecutivo vulneraron la autonomía e independencia del INE, pues violan su autonomía e independencia y existe una invasión a su esfera competencial.
Equidad y principios. Tres, el Plan B violenta las condiciones de equidad y principios que rigen las contiendas electorales, pues los cambios afectan la certeza en los procedimientos que conforman el proceso electoral en sus diversas etapas. Cuatro, atenta constitucionalmente contra los derechos laborales del personal del INE. "Se hacen valer una serie de agravios por el desmantelamiento de la estructura orgánica y la afectación a los derechos laborales de todo el personal del Instituto, así como la eliminación de aproximadamente el 85 por ciento de las plazas del Servicio Profesional Electoral", indica. El organismo confía en que pronto la Suprema Corte "restaurará el orden constitucional" al invalidar dicha reforma. El 1 de febrero, el INE interpuso la primera controversia por la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al permitir a los funcionarios públicos opinar sobre procesos electorales, y considerarlo libertad de expresión.
Ordenan restituir. Un tribunal colegiado ordenó restituir provisionalmente a Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE en lo que una jueza resuelve el juicio de amparo que promovió éste contra la segunda parte del “Plan B” electoral, que provocó que fuera cesado de su cargo.
Durante sesión extraordinaria virtual, el noveno tribunal colegiado en materia administrativa determinó por unanimidad conceder una suspensión provisional a Jacobo Molina contra el artículo 17 transitorio del “Plan B”, que entró en vigor el pasado 2 de marzo. Los magistrados expresaron que conceder la medida cautelar se dio porque no existe motivo para que el servidor público sea despedido, dado que fue electo para el periodo 2020-2026. Además, determinó que los daños que sufriría Jacobo Molina serían irreparables.
