El ministro Aguilar ya había estado en el centro de las críticas del Gobierno.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que promoverá una denuncia en el Poder Judicial contra el ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar. La Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda ha acusado al ministro de beneficiar con su inacción a una empresa que adeuda al fisco 25.000 millones de pesos correspondientes a los ejercicios 2010, 2011 y 2013. De trasfondo está el hecho de que Aguilar ha concedido en los últimos días dos recursos legales para suspender la distribución de los nuevos libros de texto para escuelas públicas de Chihuahua y Coahuila. Con el inicio del ciclo escolar en puerta —el 28 de agosto—, la Administración de López Obrador ha remado a contracorriente para llevar a las escuelas los nuevos libros de educación pública, qué gobiernos y asociaciones civiles opositoras han calificado de “adoctrinadores” y “comunistas”. El presidente López Obrador ha informado de que la denuncia contra Aguilar se presentará este mismo martes ante el pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia, la única instancia facultada para revisar las quejas contra alguno de sus integrantes.
Durante la conferencia mañanera de López Obrador, el titular de la Procuraduría Fiscal, Félix Arturo Medina Padilla, ha afirmado que la empresa en cuestión —no mencionó su nombre— cuenta con una “gran estructura corporativa” que le ha permitido instrumentar estrategias legales “para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia que la obligue al pago de impuestos”. El funcionario ha señalado que la corporación ha solicitado frecuentemente que la Corte atraiga sus asuntos “con el pretexto de que son novedosos y relevantes”, aun cuando podrían resolverlos los tribunales colegiados. El efecto negativo es que se suspende el curso de los juicios y se retrasa su resolución.
“Estos 25.000 millones de pesos no han podido ser recuperados desde hace 13 años, que se han interpuesto diversos juicios y se han retrasado los litigios”, ha dicho Medina Padilla.Es entonces cuando el ministro Aguilar es traído a escena. El procurador fiscal ha señalado que el juez tiene ahora en sus manos el expediente de la empresa evasora y ha dilatado su resolución desde hace ocho meses. “El ministro Luis María Aguilar Morales, con el pretexto de la excepcional facultad de atracción solicitada por parte de la empresa, pidió al pleno de la Suprema Corte analizarlos y ha sido omiso al resolverlos sin causa justificada”, ha comentado el funcionario.
Medina Padilla ha agregado que retrasar indebidamente la resolución del asunto atenta contra la Constitución, contra la impartición de justicia y contra “los recursos de todos los mexicanos”. “Anunciamos que, frente a esta actuación, el Gobierno federal presentará una queja en contra del ministro por este actuar; este estilo de actuación selectiva, dirigida y controlada en la administración de justicia debe erradicarse de nuestra nación para el beneficio de los mexicanos”, ha dicho el procurador fiscal.
El presidente López Obrador intervino y ha cuestionado que el ministro tarde tanto en resolver un juicio que permitiría al Gobierno recuperar 25.000 millones de pesos, y que, en contraste, no haya demorado apenas nada en conceder las suspensiones contra el reparto de libros de texto en Chihuahua y Coahuila, dos estados gobernados por la oposición. “¡Ah, no! Ahí sí, rapidito, ahí sí hay justicia pronta y expedita, porque está en contra de nosotros. Son procesos distintos, pero no se miden con la misma vara”, ha reclamado el mandatario.
López Obrador ha criticado el doble rasero con el que ha actuado el ministro. “En este caso se trata de proteger un asunto en donde están de por medio 25.000 millones de pesos. No estoy diciendo que deban los jueces dar la razón al Gobierno para recuperar ese dinero. Estoy planteando que se resuelva de conformidad con la ley. ¿Pero por qué lo guarda? Lo tiene en la gaveta de su escritorio”, ha señalado el presidente. “Mientras, presenta la gobernadora de Chihuahua un recurso, una controversia, y resuelve así”, ha dicho tronando los dedos. “Yo creo que se llevó unos días, y en Coahuila ya resolvió, fast track, pero este otro caso, ¡ocho meses! […] Y no creo que no haya tenido tiempo. Claro que hay un interés de por medio”.
El ministro Aguilar ya había estado en el centro de las críticas del Gobierno. El 14 de agosto, tras conceder la suspensión al Gobierno de Chihuahua en el asunto de los libros de texto, López Obrador lo llamó “deshonesto” y “conservador”, una etiqueta que el mandatario suele atribuir a sus detractores. En julio, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados solicitó un juicio político contra cuatro ministros de la Corte, entre ellos Aguilar.
