El Gobierno español aboga por permitir el acceso a las comunicaciones privadas de todos los ciudadanos de la UE. Eso es lo que se desprende de un documento interno del Consejo de Europa en el que se debate una propuesta de ley para combatir y prevenir el abuso sexual infantil.
El documento, filtrado en origen a Wired y disponible online aquí, solicita a los estados miembros de la Unión Europea que se posicionen en torno a varias medidas pensadas para combatir el abuso de menores y la pornografía infantil. Entre esas medidas está la posibilidad de eliminar o debilitar de alguna manera el cifrado de extremo a extremo de las comunicaciones (básicamente la tecnología que hace que tus conversaciones privadas sean privadas). La mayoría de países se muestran favorables a la idea de que los mensajes privados puedan ser escaneados y analizados a petición judicial, pero España, junto a Polonia, defiende una postura bastante más radical: eliminar completamente el cifrado.
“Es imperativo que tengamos acceso a los datos”, explica la respuesta española a las preguntas de la UE. “Es igualmente imperativo que se nos proporcione la capacidad de analizar esos datos, no importa cuál sea su volumen”.
La postura del Ministerio del Interior Español, cuyo actual ministro es Fernando Grande-Marlaska, es “que se debería impedir legalmente a los proveedores de Internet de los estados miembros de la UE implementar comunicaciones cifradas de extremo a extremo.”
La propuesta no ha tardado en ser criticada hasta en el seno de la propia UE. “Romper el cifrado de extremo a extremo no solo es desproporcionado, sino que además va a ser completamente inefectivo en la protección de los menores”, explica a Wired Iverna McGowan, Secretaria general del Centro para la democracia y la tecnología en la UE.
De igual manera se posicionan otros expertos en cidfrado que advierten de que eliminar esta tecnología crearía un agujero de seguridad que los delincuentes sexuales podrían aprovechar para acceder a conversaciones online privadas entre menores. Justo lo contrario a lo que se pretende conseguir con la ley.
Eso por no mencionar que para poner en marcha una ley que rompa todo el cifrado a gran escala habría que empezar cambiando algunas constituciones en las que se garantiza el secreto de las comunicaciones. Una de esas constituciones es la española, cuyo artículo 18 especifica que “se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”. Se ve que al señor Marlaska se le pegaron las páginas de ese artículo en particular al leer la carta magna.
La solución no es sencilla, pero el documento revela carencias bastante preocupantes en los conocimientos sobre cifrado de los representantes europeos. Dinamarca e Irlanda piden salvaguardar el cifrado permitiendo su escaneo, un oxímoron que según los expertos es imposible. La única propuesta medianamente constructiva viene de Países bajos, donde se propone que las conversaciones queden registradas de forma obligatoria en el dispositivo antes de su cifrado de manera que puedan ser examinadas a nivel local a petición judicial. De los 20 estados miembros, solo Alemania, Estonia, Italia y Finlandia se oponen firmemente a debilitar el cifrado. El representante alemán solicita que el documento “garantice de forma explícita que no se usarán tecnologías que interfieran, eviten o modifiquen el sistema de cifrado” y asegura que Alemania no firmará la propuesta de ley sin esa garantía. Las conversaciones sobre esta propuesta de ley continúan en el seno de la UE.
