Podría ser mediante la SCJN con una controversia o queja directa de los propios afectados.
La diputada Mayra Valdés González prevé que el Poder Judicial de la Federación acuda a una instancia jurisdiccional, en este caso a la Suprema Corte de Justicia, y resolver mediante controversia o queja la intromisión de que es víctima por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Ello con relación a la próxima extinción de 13 fideicomisos y la disminución de su presupuesto para el ejercicio 2024. Declaró la legisladora que no es correcto que se manejen este tipo de situaciones, son poderes totalmente independientes y merecen respeto por parte de las autoridades, pero son circunstancias que hemos visto a lo largo de este sexenio. Estas situaciones se deben de atender por separado, afirmó, por eso hay instancias como los tribunales para atender alguna queja o denuncia, por ejemplo, ante la invasión de otro poder o entre órganos autónomos. “No puede ser posible que López Obrador, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve alguna controversia que no le gusta afirma que ésta no funciona y está actuando ilegalmente, pero cuando le da un fallo a su favor sale en La Mañanera y los felicita, entonces ¿de qué se trata?”. Al respecto desde el lunes pasado ha trascendido en redes sociales sobre todo Twitter la postura de algunos entes jurisdiccionales como el Consejo de la Judicatura Federal ((2) CJF (@CJF_Mx) / X (twitter.com) y algunos juzgados de distrito.
En donde dan a conocer que, por ejemplo, sólo en San Lázaro en la Ciudad de México pararon labores ocho organismos del Poder Judicial, entre tribunales colegiados en materia civil y del trabajo, juzgados de distrito en materias civil, del trabajo y de extinción de dominio, juzgados especializados en juicios mercantiles de primer circuito, juzgados de distrito del centro auxiliar de la primera región, así como órganos jurisdiccionales que normalmente estaban de guardia y atendían de manera electrónica. Los fideicomisos a los que quiere dar fin el Poder Ejecutivo justificando acciones de corrupción son: pensiones complementarias en mandos superiores, pensiones complementarias en mandos medios y operativos, plan de prestaciones médicas complementarias y de apoyo extraordinario, manejo del producto de la venta de publicaciones, remanentes presupuestales, fondo nacional para el fortalecimiento de la impartición de justicia, pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces, apoyos médicos complementarios, desarrollo de infraestructura y fondo de apoyo a la administración de justicia, entre otros.
