El diputado José Antonio Gutiérrez Jardón, del PRI, propuso reformar la Ley General de Salud y del Código Nacional de Procedimientos Penales para que los narcomenudistas, después de su vinculación a proceso, no tenga facilidad para solicitar la suspensión condicional, la cual les permite salir de prisión antes de tiempo.
Propuso que se acredite el ilícito si se aseguran objetos o instrumentos que sirven para la comisión de este hecho delictivo, imponer de cuatro a siete años de prisión, y de 100 a 350 días de multa.
Planteó modificar el artículo 476 de la Ley General de Salud para establecer que se entenderá acreditado este hecho, la posesión de comercio con fines de venta o suministro, aun gratuitamente, con la forma de presentación del narcótico en diversas dosis, como también se puede acreditar con el aseguramiento de objetos o instrumentos que sirven para la comisión de este hecho, como lo son básculas grameras, numerario, bolsas para dosificar, narcótico, entre otros que permitan la ejecución de este hecho.
En tanto, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, propone reformas a los artículos 192 y 198 para que quede prohibida cualquier disposición en contrario por parte de la federación o entidades federativas, en donde se autorice un beneficio equivalente al de la suspensión condicional a proceso cuando exista un registro o antecedente en la temporalidad establecida en esta fracción.
Señaló que México vive una de las peores crisis de su historia en materia de seguridad pública, relacionada con el narcotráfico, y los resultados de la estrategia del Gobierno federal han sido insuficientes para mitigar los niveles de violencia en el país.
“Esta crisis está directamente relacionada con el fortalecimiento del crimen organizado en el país, ligado al narcotráfico, las divisiones al interior de los principales cárteles de tráfico de drogas y la diversificación de los mismos. Todo esto ha desembocado en una lucha sangrienta por el control de plazas clave para las rutas del tráfico”, dijo.
