La legisladora señala que es un derecho fundamental y que muchos no tienen para pagar el agua.
La diputada Teresa Meraz García sostiene que la aprobación del contrato de Aguas de Saltillo por 7 años más tendrá un impacto negativo en la población más vulnerable, particularmente en aquellos que en ocasiones no cuentan con los recursos económicos necesarios para pagar el suministro de agua que consumen.
Postura. Durante la discusión acerca del derecho humano constitucional al agua, la presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos explicó que su posición es que en este asunto, el municipio debe velar por los intereses del pueblo, en lugar de buscar beneficios personales.
Meraz García hizo hincapié en que la prioridad debe ser el bienestar del pueblo antes que los intereses de los funcionarios públicos o las empresas privadas. Expresó su opinión sobre los casos en los que Aguas de Saltillo (Agsal) ha suspendido el servicio de agua a quienes no cumplen con sus pagos. La diputada planteó la posibilidad de implementar un sistema de pagos a plazos para quienes no pueden cubrir sus facturas en un solo pago, ya que el acceso al agua en los hogares es un derecho constitucional.
