Denuncian arresto político en Nicaragua de arquitecto mexicano

“Personas cercanas a Guillén mencionaron que desde 2018 ha sido opositor del régimen, pero había mantenido un perfil bajo para evitar represalias. Anteriormente no había sido asediado, hostigado o acosado por ninguna fuerza de choque” del régimen, narró.

Familiares gestionan con la embajada de México en Nicaragua

100% Noticias, medio digital nicaragüense, publicó este viernes que uno de los familiares de Guillén reveló que “estamos gestionando con la embajada de México (en Nicaragua), nos dicen que está siendo investigado y que no lo pueden mostrar hasta que tengan algo para presentarlo ante un juez”.

En tanto, la embajada mantuvo silencio en torno a este asunto.

“Esto nos tomó por sorpresa, ahora que sabemos que va a estar detenido. Desde el martes lo estuvimos buscando y no nos daban noticias de él, hasta ayer (jueves) que ya nos enteramos dónde está”, aseguró.

Sin dar más referencias, el pariente confirmó al medio que “estamos llevando alimentos a la delegación de policía. Nos dijeron que lleváramos chinelas (pantuflas), cosas de aseo personal, alimentos y agua”.

100% Noticias, que también opera desde el exterior de Nicaragua con sus periodistas en el exilio, puntualizó que el familiar sugirió que Guillén fue encarcelado “supuestamente” por posesión de la propaganda opositora y que los familiares explicaron que “todos” tienen la doble nacionalidad mexicano-nicaragüense.

Una parte vive en EU y otra en Nicaragua. Guillén se desplazó a Chinandega a trabajar en un proyecto empresarial de una hermana, ya que vive en el central departamento de Chontales, trascendió en las fuentes.

“La familia está advertida de que en estos casos no hay término de 48 horas (de periodo de detención provisional), sino que como se supone está bajo investigación puede estar detenido hasta tres meses”, indicó.

Opositores al régimen de Daniel Ortega repudian arresto del arquitecto mexicano

El caso generó fuertes reacciones de repudio de los opositores nicaragüenses, cuya mayoría también debió huir al extranjero para obtener asilo político, principalmente en Estados Unidos y Costa Rica.

Ante la turbulencia por las protestas que estallaron en 2018 en su contra para exigir democracia y libertad, Ortega y Murillo desataron una violenta represión política, con saldo de más de 325 muertos, y atribuyeron las movilizaciones callejeras de sus adversarios a un golpe de Estado terrorista ejecutado por la oposición con apoyo de EU. El dúo gobernante negó las acusaciones de violaciones masivas a los derechos humanos.

“La policía (…) ha detenido arbitrariamente” a Guillén y a otros opositores en distintas partes de Nicaragua, por lo que “exigimos el respeto a sus derechos y su inmediata liberación”, tuiteó el opositor nicaragüense Félix Maradiaga, uno de los principales dirigentes antigubernamentales.

Maradiaga formó parte del grupo de 222 presos políticos nicaragüenses que el 9 de febrero fueron desterrados por la pareja presidencial a EU y les quitó la nacionalidad. Maradiaga permanece en EU.

Artículo 66, un medio noticioso nicaragüense que también funciona bajo el asedio oficialista, planteó el jueves pasado que “ante este nuevo ataque represivo, líderes de la oposición y organismos políticos demandaron la libertad inmediata de (…) Guillén, así como el respeto a su integridad física”.

Luego de la expulsión de los 222 y de que, en febrero de este año, 94 nicaragüenses fueron despojados por Ortega y Murillo de su nacionalidad al acusarlos de ser traidores a la Patria, las cárceles de Nicaragua volvieron a comenzar a llenarse otra vez de prisioneros políticos y el número ya superó el medio centenar.

La crisis nicaragüense mostró un progresivo agravamiento y descomposición, especial luego de que Ortega y Murillo se reeligieron en noviembre de 2021 en comicios que, con los opositores encarcelados, en arresto domiciliario o en el exilio y sin real participación partidista plural, fueron calificados por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) como ilegítimos.

Ortega y Murillo defendieron la legitimidad y transparencia de esa consulta, por lo que en enero de 2022 iniciaron un cuarto quinquenio consecutivo desde 2007 que deberían concluir en enero de 2027, con datos oficiales de 2023 que evidenciaron un creciente deterioro socioeconómico.

El estallido del 18 de abril de 2018 marcó un momento crucial en la política de Nicaragua, con impacto en América, Asia y Europa por las fuerzas a favor de Ortega y Murillo, como Rusia, China, Irán, Turquía, Cuba, Venezuela y Bolivia, y en contra de la represión y a favor del retorno a la democracia, como EU, Europa, Colombia, Chile, Costa Rica, Canadá y Uruguay.