Durante la pandemia fueron presionados al retiro voluntario
Saltillo, MÁS. – Más de 600 empleados mayores de 60 años fueron obligados por el Gobierno del Estado a abandonar su puesto durante la pandemia, y a casi tres años, algunos de ellos no han recibido el pago correspondiente a su pensión.
Tal es el caso de Víctor González, quien hasta el 2020 se desempeñaba como subdirector de obra en la Secretaría de Seguridad Pública del estado, y tras 20 años de servicio el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís pretendía pensionarlo con 5 mil pesos mensuales y un finiquito de 47 mil pesos.
La cantidad ofrecida era muy baja debido a que el sueldo nominal rondaba los 3 mil 500 pesos quincenales, y era a través de supuestas aportaciones y compensaciones que recibían una remuneración mayor.
El entrevistado refiere que decidió no aceptar la propuesta y fue despojado de su empleo sin recibir nada. Ante ello presentó una demanda contra el gobierno por despido injustificado, situación que no ha sido resuelta tras más de mil días”.
Reducciones y robos
Víctor González señaló que durante la administración de Enrique Martínez y Martínez, los trabajadores se vieron beneficiados con aumentos a los salarios y apoyos en distintas áreas. No obstante, cuando Huberto Moreira Valdés asumió la gubernatura de Coahuila de manera injustificada les redujeron un 10% a su sueldo bajo el argumento de que el estado vivía “tiempos de austeridad”.
En el periodo de Rubén Moreira los trabajadores se vieron afectados con la cancelación de su seguro de vida y con un nuevo recorte: sus salarios se redujeron otro 10%.
Cuando Miguel Riquelme asumió la gubernatura de Coahuila, los salarios de los trabajadores se redujeron otro 10% y solo aumentaron los salarios a los “empleados vip”.
Así mismo, en el 2008 el Impuesto sobre la renta incrementó por lo que perdían hasta 700 pesos quincenales, el cual señaló, no se reportaba a la Federación. Sumado a ello, de manera arbitraria e ilegal les descontaron dinero de su salario para hacer aportaciones al PRI.
El hecho quedó evidenciado cuando en el 2017 los trabajadores fueron criminalizados por el Instituto Nacional Electoral quien los acusaba de realizar pagos indebidos al partido, que más tarde fueron validados.
“Nos cuestionaban sobre las aportaciones: las cantidades y lugar en las que las entregábamos y nos pedían pro escrito que tipo de aportación hacíamos al PRI” dijo.
“Nos hostigaron por tres meses y ya no supimos si penalizaron al instituto o no, nos dieron el trato de militantes del PRI sin serlo.” Añadió.
Sin sueldo ni pensión
Hasta la fecha, Víctor González no ha recibido un pago por parte del Gobierno del Estado, y la Dirección de Pensiones se niega a otorgarle la prestación hasta que acepte el trato que el Gobierno le ofreció en el 2020.
“No he recibido ni sueldo, ni pensión, ni servicio médico. De esto habla la inhumanidad por parte de las autoridades del estado, en este caso del gobernador”, externó.
En cuanto a la demanda interpuesta conta el Gobierno del Estado, Víctor González señala que aún están realizando un procedimiento pericial de las renuncias por lo que hasta la fecha no hay una resolución.
En tanto, señala que ha buscado ingresos realizando proyectos de arquitectura, sin embargo, la remuneración no es suficiente por lo que hace la exigencia a las autoridades a que den pronta respuesta a su caso.
“Hago un llamado a las autoridades para que implementen los supuestos principios humanos y valores que dejaron atrás. Quiero que atiendan la situación, tengo mi familia, te4ngo que acudir a clínicas particulares por indiferencia de las autoridades porque no se resuelve mi asunto”, mencionó.
Agregó que hay muchos trabajadores en la misma situación, por lo que también hizo un llamado al Poder Legislativo a tomar cartas en el asunto y presente una iniciativa para apoyar a los trabajadores”.
