La situación, agregaron, continúa tensa en ese poblado donde sus moradores se organizaron para mantener la seguridad y el control
Tuxtla Gutiérrez.- La Asamblea Comunitaria de Frontera Corozal, en el municipio de Ocosingo, determinó no liberar a los ocho agentes de la Policía Estatal Preventiva, retenidos el 12 de este mes, no obstante que el martes los integrantes de la comisión negociadora habían suscrito con autoridades federales y estatales un acuerdo para que los uniformados volvieran con sus familiares.
Esquivel Cruz, integrante de la comisión, que acudió al diálogo el martes con funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría General del Gobierno de Chiapas, dijo que la petición fue agilizar la carpeta de investigación sobre el caso del Crucero San Javier."Ése es el único objetivo y que se realice lo que se tenga que hacer en ese lugar donde está el origen del problema, que nos está afectando en la comunidad", planteó.
“Ocurrió que el martes, salimos con un mínimo acuerdo de la reunión que tuvimos con la Secretaría de Gobernación, pero en la noche lo sometí a la asamblea y no lo aprobó", precisó.
Un comunicado gubernamental indicó que la comisión de Frontera Corozal, poblado asentado en la selva Lacandona, suscribió el acuerdo en el que se estableció que las personas "que hasta el momento de iniciar la mesa de trabajo permanecieron retenidas en la agencia municipal de Frontera Corozal, serán liberadas sin reserva alguna”.
De acuerdo con versiones de pobladores, además de los ocho agentes de la Policía Estatal Preventiva, una mujer entre ellos, se encuentran retenidos más de 20 habitantes de Frontera Corozal acusados de participar en actos ilícitos y que además habrían denunciado a los policías.
La situación, agregaron, continúa tensa en ese poblado donde sus moradores se organizaron para mantener la seguridad y el control en los accesos debido a la ausencia de las fuerzas federales de seguridad.
Hace unos meses, las condiciones en esa región colindante con Guatemala se agudizaron cuando integrantes de grupos criminales intentaron obligar que los habitantes pagarán derecho de piso.
Ante las amenazas, los residentes se organizaron para presionar a las autoridades del gobierno federal que enviaran a las fuerzas de seguridad.
Incluso, hace un mes, Frontera Corozal acordó con otras comunidades vecinas donar dos hectáreas y media para construir un cuartel de la Guardia Nacional.
El objetivo de esas instalaciones y la permanencia de los uniformados federales fue mantener la seguridad en la zona, dijeron en aquella ocasión.
