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Congreso de Sinaloa rechaza cuentas públicas de 3 municipios y la UAS por irregularidades

Congreso de Sinaloa rechaza cuentas públicas de 3 municipios y la UAS por irregularidades
El Universal / El tiempo Monclova
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Se trata de falta de documentación para comprobar gastos, pagos millonarios sin fuente y hasta el aumento de endeudamiento por un 44% más. 

La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado rechazo las cuentas públicas de los municipios de Cósala y el Fuerte, de la Junta de Agua Potable de Mocorito y de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), del ejercicio fiscal 2022, dado que la institución educativa no acreditó el uso y destino de 466 millones de pesos.

Los diputados locales que integran esta comisión en el caso de la Máxima Casa de Estudios rechazaron su cuenta pública del año pasado por incumplir con la obligación de conservar y poner a disposición de la Auditoria Superior del Estado la documentación comprobatoria y justificación de los gastos relativos a los ingresos propios captados.

Cósala sin fuente de pago por un monto de más de 33 mdp

En el caso del municipio de Cósala, se encontró pasivos sin fuente de pago por 33 millones 878 mil 375 pesos y 2 millones 433 mil pesos, y por adjudicar de manera directa el cien por ciento de las obras realizadas.

Los miembros de la Comisión de Fiscalización encontraron que en este municipio se tuvo un endeudamiento de 46.8 millones de pesos, lo cual representó un incremento del 44.1 por ciento respecto al año 2021.

Del Fuerte registra pagos millonarios sin fuente

En el caso del municipio del Fuerte, también se rechazo la cuenta pública por diversas causas, como registrar pasivos sin fuente de pago, por 19 millones 378 mil 534 pesos y otros 8 millones 105 mil 530 pesos.

Sobre la adjudicación directa en la contratación de las obras públicas fue de un 98.08 por ciento y registro un gasto de un millón 983 mil 142 pesos por concepto de asesoría fiscal para la prestación de los servicios profesionales y el correcto timbrado.

En el cumplimiento del contrato pagó un millón 37 mil 672 pesos, con recursos del gasto corriente con desacato a una sentencia condenatoria a favor de un trabajador emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa, entre otras causas.

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