La ONU-DH no realiza observación electoral, sino el monitoreo de la situación de disfrute de los derechos humanos en el marco electoral.
Las elecciones auténticas son componentes necesarios y fundamentales de un contexto que proteja y promueva los derechos humanos. El derecho a votar y a ser elegido en elecciones genuinas y periódicas está inextricablemente unido a otros derechos humanos, cuyo disfrute es decisivo para todo proceso electoral auténtico. Entre esos derechos habilitantes figuran:
• El derecho a vivir libre de discriminación;
• El derecho a la libertad de expresión y opinión;
• El derecho a la libertad de asociación y reunión pacífica; y
• El derecho a la libertad de movimiento.
Asimismo, apoyamos a otros mecanismos en sus investigaciones e informes, por ejemplo, el informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión sobre la libertad de expresión en los procesos electorales y el informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación sobre la libertad de reunión y asociación en el contexto de las elecciones.
El Plan de Acción de Derechos Humanos y Normas Electorales Este Plan de acción ofrece ideas sobre cómo mejorar la colaboración entre las entidades de derechos humanos y las de observación electoral, y sobre cómo promover una estrategia electoral basada en los derechos humanos.
El artículo 25 del Pacto reconoce y protege los derechos de todo ciudadano a participar en la dirección de los asuntos públicos, el derecho a votar y a ser elegido y el derecho a acceder a las funciones públicas.
La ONU-DH no realiza observación electoral, sino el monitoreo de la situación de disfrute de los derechos humanos en el marco electoral, para compartir periódicamente los resultados y análisis con los actores concernidos, con plena disposición de prestar asistencia técnica sobre las recomendaciones internacionales de mejores prácticas y compromisos asumidos por México en materia de derechos humanos que puedan ser relevantes en el contexto electoral. El presupuesto que solicitará el Instituto para el 2023 tiene que ver con garantizar derechos político electorales, “los derechos políticos son derechos humanos”.
Credenciales. Los más de 14 mil millones que se contemplan en el anteproyecto de presupuesto se destinarán para las actividades ordinarias que tiene el INE, como son el mantenimiento del Padrón Electoral, los Listados Nominales, la emisión de credenciales de elector, “también para el arrendamiento, las juntas locales y distritales, todo lo que se trabaja a nivel nacional; además de los procesos electorales locales, donde dos estados, con un padrón de más de 15 millones de electores, tendrán elección de gubernatura. Agregó que al elaborar este proyecto se consideró un presupuesto precautorio por si se da el supuesto de una consulta popular, y en caso de que no se lleve a cabo la consulta, ese dinero se regresa a la Hacienda Pública.
La FEPADE fue creada el 19 de julio de 1994 adscrita a la Procuraduría General de la República, con autonomía técnica y de gestión; está previene, investiga y persigue las conductas tipificadas como delitos electorales en el marco legal vigente por lo cual estas elecciones podrán ser diferentes si la gente sale a votar o iguales si las personas se quedan en sus casas.
