La recomendación está dirigida a Alejandro Gertz, Adán Augusto López, Rogelio Ramírez de la O, Luis Crescencio Sandoval
En el marco del homenaje a Rosario Ibarra de Piedra, así como a las víctimas de violencia política de Estado, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, emitió la Recomendación 98VG/2023 sobre graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado entre 1965 a 1990, en la que acusa a los expresidentes desde Gustavo Díaz Ordaz hasta José López Portillo, de haber actuado con impunidad.
Piedra Ibarra dijo que la recomendación no es una mera narrativa ni relatoría de hechos, sino una investigación seria, una compilación de evidencias y pruebas que permitieron hacer la asignación de responsabilidades de todas las autoridades que violaron derechos humanos en ese período, ya que además de los hechos mismos, se hizo la revisión de la Recomendación 26/2001, de los casos de las personas excluidas de la misma, así como del trabajo de la FEMOSPP, abordándose en total los casos de 814 víctimas de quienes durante años se ocultó su situación."Queda claro así, que la responsabilidad de la violencia política contra ciudadanos fue del Estado mexicano, e implicó a autoridades de todos los niveles, así como a las fuerzas policiacas y militares, en cuya cúspide de todo este complejo represivo, creado exprofeso, actuaron con total impunidad los presidentes de la República, desde Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez hasta José López Portillo", señaló.
Explicó que los exmandatarios siempre estuvieron enterados de las acciones de represión, las ordenaban, y las ocultaban. La recomendación incluye un listado, lo más completo que se pudo, de todos los perpetradores, violadores de derechos humanos entre 1965 y 1990.
La recomendación está dirigida a Alejandro Gertz, Adán Augusto López, Rogelio Ramírez de la O, Luis Crescencio Sandoval, titulares de la Fiscalía General de la República, de la secretaría de Gobernación, de Hacienda y de la Defensa Nacional, respectivamente.
También a la comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez; Audomaro Martínez, director general del Centro Nacional de Inteligencia; Carlos Enrique Ruiz, director del Archivo General de la Nación, y Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, entre otros.
Frente a familiares de víctimas de la llamada “guerra sucia” e integrantes del Comité Eureka, que fundó Ibarra de Piedra, la titular de la Comisión Nacional mencionó que en su lecho de muerte ella ofreció a su madre continuar su lucha y la lucha de las madres de las víctimas de la violencia política de Estado, y que este día se lo estaba cumpliendo, mediante una recomendación dirigida a diversas autoridades del Estado, que es uno de los instrumentos con que cuenta la CNDH para desplegar su misión.
Dijo que es preciso traer al presente el esfuerzo emprendido por Rosario Ibarra de Piedra, y muchas personas más, que junto con ella buscaban a sus familiares, desaparecidos por el Estado represor que gobernó el país durante los años de la violencia política, “una época en la que era peligroso repartir un volante, hacer una pinta o dar un discurso, pues quien lo hacía corría el riesgo de ser detenido, torturado, desaparecido o, a veces, aniquilado”.
En el acto, Piedra Ibarra subrayó que hablar de doña Rosario Ibarra de Piedra es hablar de su vida, su amor y fe en la humanidad, factores que la impulsaron para entablar una lucha que aún sigue vigente, e hizo un llamado a desmitificar la imagen que se ha pretendido hacer de ella como una simple ama de casa que ante la desgracia de ver a un hijo desaparecido cambió de manera abrupta para convertirse en una luchadora social, ya que, aclaró, se trataba de una mujer con una amplia cultura -aun cuando en su familia no la dejaron estudiar la carrera de leyes- y con una fuerte influencia de su padre, ex militante del Partido Comunista Mexicano, y otros integrantes de su familia, lo que la llevó a luchar por causas justas como promover el derecho de las mujeres a votar y a pedir justicia frente a las violaciones a los derechos humanos.
La Recomendación 98VG/2023 fue elaborada por espacio de más de 20 meses por la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente, creada en 2020, para investigar la etapa histórica que comprende de 1951 a 2016, y se realizó a partir de testimonios proporcionados por las víctimas de la represión política, pero también de múltiples documentos provenientes de archivos oficiales y de la propia CNDH, por lo que constituye una herramienta para conocer lo ocurrido y, sobre todo, para avanzar en la búsqueda de justicia y reparación del daño, pues consigna casos de violaciones graves a los derechos humanos a la libertad, a la seguridad jurídica, a la integridad personal, al trato digno por actos de detención ilegal, tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, así como al derecho a la verdad y al interés superior de la niñez, cometidos entre 1965 y 1990.
Y busca exponer la estrategia desplegada de manera sistemática por el Estado durante más de medio siglo para reprimir y eliminar a la disidencia política en nuestro país, particularmente a la que se identificaba como de izquierda, pero también la otra estrategia de la que fueron partícipes diversos actores, la del ocultamiento para solapar las violaciones a los derechos humanos, los múltiples esfuerzos desplegados por décadas para obstaculizar el esclarecimiento de las desapariciones de luchadores sociales, incluso por la propia CNDH, cuyos archivos han tenido que organizarse por el estado de desorden y dispersión en que los recibió la actual administración.
La Recomendación 98VG/2023 se plantea a partir de un análisis de contexto que explica que la rebeldía no fue una mera ocurrencia o imitación, ni tampoco, como no pocas veces se ha pretendido, derivada sólo de lecturas, sino de una realidad evidente, la ausencia de libertades y democracia, que caracterizaron al Estado mexicano durante una gran parte del siglo pasado."Por eso, se reconoce a las guerrillas como grupo beligerante y no como delincuentes comunes, que fue como pretendieron eludir los gobiernos de la época su estrategia genocida, que también fue posible por muchas complicidades, de actores políticos, económicos, religiosos y, sobre todo, de medios de comunicación, que convirtieron la lucha política en actos de bandoleros, actos de nota roja", señaló.
