Avanza Acuerdo de Escazú para garantizar derechos de acceso a la información ambiental

El Universal / El tiempo Monclova

⌛️ viernes 23 de junio de 2023

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se revisó el proceso de conformación, prioridades y tareas pendientes, además que se inició la conversación sobre su institucionalización.

Este jueves se realizó el evento “#EscazúAhora, avances y retos para México”, en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde se dieron a conocer los avances más recientes de nuestro país en la implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como el Acuerdo de Escazú.

A solicitud de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, la Dirección General para Temas Globales encabezó el encuentro, en donde se dio a conocer el Grupo Nacional de Escazú (GNE), que será el máximo órgano colegiado de representación multiactor que prepare las condiciones necesarias para fortalecer la gobernabilidad ambiental en México.

A través de un comunicado, la SRE informó que se revisó el proceso de conformación, prioridades y tareas pendientes, además que se inició la conversación sobre su institucionalización.

A nombre del sector gubernamental, la subdirectora de Asuntos Multilaterales del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Isabel Reyes Guerrero, señaló que los pueblos indígenas habitan una quinta parte de la región latinoamericana y suelen ser los más afectados por los efectos del cambio climático, situación también presente en México.

Laura Barranco Pérez, una de los seis representantes del público dentro del GNE, inició su intervención pidiendo un minuto de silencio por las personas defensoras del territorio asesinadas en el país y compartió un panorama de la violencia que sufre este sector de la población. Destacó que el público en el GNE trabajará en colaboración con las entidades gubernamentales para asegurar procesos efectivos y resultados tangibles.

En su momento, el director general de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Guerrero Zazueta, expresó la voluntad del Poder Judicial federal de contribuir a los trabajos del Grupo Nacional, en línea con los criterios jurisprudenciales más recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que incluyen principios jurídicos innovadores para la resolución de conflictos ambientales, tales como el principio pro persona, in dubio pro natura y pro agua con los que inauguran una nueva época en la atención de la agenda ambiental.

La Alianza Ambiental Triangular entre Ecuador, México y Alemania fue presentada por Camila Zepeda como una oportunidad única para el intercambio de experiencias en esta materia. Silke Silva Meléndez, de la Embajada de la República Federal de Alemania en México, y Luis Espinosa Salas, de la Embajada del Ecuador en México, compartieron sus expectativas del proyecto conjunto y reafirmaron su confianza en los beneficios de compartir buenas prácticas en materia de transparencia, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

“Otra iniciativa presentada fue la Red de Amig@s de Escazú, para cohesionar todos los esfuerzos de donantes, fundaciones y personas interesadas en contribuir a la gobernanza ambiental en México. Con su apoyo, se impulsarán las sinergias necesarias, a nivel nacional y regional, para la consecución de los objetivos de Escazú”, se informó.

Sobre el papel del Poder Legislativo en la implementación del Acuerdo de Escazú en México, la senadora Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe del Senado de la República, reafirmó su compromiso para crear redes de solidaridad multiactor que permitan a las personas defensoras ambientales enfrentar los retos de su profesión.

El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva, en América Latina y el Caribe, de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones en la materia y acceso a la justicia en estos asuntos, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible.

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