Aún no reciben notificación de la Corte sobre libros de texto
Hasta el lunes a Coahuila no había llegado de la notificación oficial de la resolución de la SCJN sobre los libros de texto gratuitos.
Saltillo, MÁS. –Coahuila espera la notificación oficial de la resolución de la controversia sobre los libros de texto gratuitos que promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque la Corte ya dictaminó, no la ha enviado de manera oficial al Gobierno, expresó el consejero jurídico del Estado, Valeriano Valdés Cabello.
Incluso coincidió con lo dicho por las asociaciones de padres de familia en la entidad, que para la entrega de los libros de texto gratuito deberá esperarse hasta que un juez de distrito resuelva el amparo interpuesto por tres asociaciones y diversos particulares para no entregarlos.
De acuerdo con fuentes judiciales, la resolución de amparo se espera para mediados de noviembre, por lo que el funcionario declaró que se tienen algunos amparos que se han resuelto para la suspensión de la entrega de dichos textos en otras entidades del país.
Luego de reconocer que la resolución para que el Estado de Coahuila entregue los libros de texto gratuitos y que fue pronunciada por la Primera Sala de la Corte el 25 de octubre pasado, precisó que los amparos promovidos por asociaciones de padres de familia y particulares van en el sentido de no entregar esos textos.
Por lo que explicó que se trata de cuestiones jurídicas que traen consecuencias, “sí bien la controversia llegó a su fin a través de la resolución, en lo local se encuentran promovidos alrededor de tres juicios de amparo por asociaciones de padres de familia y particulares”.
Sostuvo que la Consejería Jurídica estatal tiene entendido que se les concedió la suspensión para la entrega de los libros “hasta en tanto no se resuelvan esos amparos”.
Por lo que se refiere a cuál de los dos organismos es el de mayor peso jurídico, la Corte o un Juzgado de Distrito, para la resolución de los amparos, el consejero jurídico destacó que no, que se trata de instancias diferentes, pues lo que el Gobierno del Estado promovió fue una controversia constitucional ante la Corte y las asociaciones de padres de familia y particulares promovieron el juicio de amparo, el cual sigue su procedimiento hasta hoy.
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