A un año del atentado a Cristina Fernández en Argentina: ¿cómo van las investigaciones?

El 1 de septiembre de 2022, Sabag, brasileño de entonces 35 años, se acercó a la vicepresidenta, mientras saludaba, a las puertas de su domicilio en Buenos Aires, a seguidores que le mostraban su apoyo días después de que un fiscal lanzara un alegato contra ella en un juicio por presunta corrupción en sus mandatos presidenciales.

En una fracción de segundo, acercó el arma a su rostro pero la bala no salió de la recámara. Y mientras Fernández era puesta a resguardo por su custodia, militantes detenían al perpetrador, que fue entregado a la Policía.

El caso conmocionó a buena parte de la sociedad argentina, que al día siguiente salió a las calles a manifestarse contra la violencia y el "ataque a la democracia", precisamente en puertas de que el país celebrase los 40 años del fin de la última dictadura en el país (1976-1983).

¿Cómo van las investigaciones?

La investigación, especialmente a raíz de la querella de la vicepresidenta, amplió su radio de acción y busca posibles autores intelectuales.

Mediante sus abogados, Fernández solicitó a la Justicia indagar presuntos vínculos de su vecina Ximena de Tezanos Pinto y la periodista Delfina Wagner con los principales detenidos por el intento de magnicidio.

Wagner cobró relevancia mediática cuando recientemente dijo en varias entrevistas que vivía con Tezanos Pinto, aunque negó conocer a los acusados antes de que aparecieran en el canal en el que ella trabaja en los meses previos al atentado.

Para los abogados de la vicepresidenta, Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira, la panelista del canal Crónica TV es una "activista de ultraderecha con contactos directos con personas vinculadas con esta causa y con la agrupación Revolución Federal".

Además, indicaron que "los contactos entre los imputados, los sospechados en esta causa y actores de grupos de ultraderecha son prolíficos y reiterativos".

Esta hipótesis continúa la línea de investigación para intentar desvelar a supuestos autores intelectuales, después de que la jueza María Eugenia Capuchetti solicitó en junio pasado elevar a juicio oral y dar por cerrada la investigación, ante la falta de evidencias de vínculos políticos.

La exmandataria pidió su recusación por considerarlo "un intento" para "evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores".

Previamente, Fernández había apuntado contra el diputado Gerardo Milman, de la coalición opositora Juntos por el Cambio (centroderecha), como presunto nexo del ataque, que responde a la candidata presidencial por esa formación, Patricia Bullrich.

La asociación con Milman surgió 20 días después del atentado, cuando un asesor del gobernante Frente de Todos (peronista), Jorge Abello, afirmó haber escuchado al parlamentario decir en un bar, antes del ataque, que "cuando la maten" él iba a estar en la costa argentina.

A principios de mayo, la vicepresidenta clamó contra el presunto "encubrimiento" del atentado y apuntó contra la exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), al apoyarse en una noticia que revelaba que una testigo clave del caso sufrió presiones para borrar datos de su teléfono móvil en unas oficinas relacionadas con ella.

Sin embargo, estas 'bombas mediáticas' no prosperaron en la Justicia argentina, que, por ahora, no ha podido confirmar posibles vinculaciones.

Sin faltar las voces que dudaron de la veracidad del atentado y sugirieron una 'puesta en escena' de la vicepresidenta, lo cierto es que las teorías elaboradas en este año no sirvieron para que la Justicia encuentre otras pruebas que la actuación de varios "lúmpenes" alimentados por el odio.