Acusan que la postura gubernamental violenta los acuerdos de Pemex y la UIF al incrementar hasta un 200% la reparación del daño
La defensa legal de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), señaló que a su cliente se le está restringiendo al máximo la posibilidad de acceder a un acuerdo reparatorio y un criterio de oportunidad, incrementando injustificadamente el monto de la reparación del daño aplicable a los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
“Es así como, sin justificación alguna y de manera desproporcionada y contraria a derecho, se aumentó, arbitrariamente y hasta un 200%, el monto de la reparación del daño, que pasó de 10.7 millones de dólares a 30 millones de dólares”, resaltaron en una misiva los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso.
Destacaron que la nueva postura del gobierno de México, no solo violenta los acuerdos del Consejo de Administración de Pemex y las acusaciones coadyuvantes de la empresa y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sino que, al carecer de cualquier fundamento técnico y jurídico, es ilegal.
Los abogados detallaron que ningún órgano jurisdiccional aceptaría firmar un documento de esa naturaleza, por atentar contra los principios de igualdad, proporcionalidad y no discriminación.
Indicaron que, en relación con las afirmaciones realizadas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, relativas a las razones por las que Lozoya Austin se encuentra privado de la libertad, estas se derivan de una decisión de Estado, ajena al orden constitucional, y violatoria de sus derechos fundamentales.
El martes pasado, el juez de control, Gerardo Alarcón López, determinó aplazar la audiencia intermedia, luego que el gobierno federal solicitó 30 millones de dólares como reparación del daño por la adquisición de la planta de Agronitrogenados. El juzgador los citó para el 31 de agosto.
