El documento establece un plazo de 20 días hábiles para que los organismos responsables de dichos fideicomisos completen los trámites necesarios para su extinción.
En un giro significativo, el Poder Judicial de la Federación ha aprobado la destinación de fondos provenientes de sus fideicomisos para asistir a las personas afectadas por el huracán Otis en el estado de Guerrero. Esta decisión fue una respuesta directa a la propuesta presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina del 31 de octubre.
Responde. La Ministra Presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, ha aceptado formalmente la propuesta del presidente López Obrador, indicando que el Poder Judicial contribuirá con 15 mil millones de pesos para apoyar a los damnificados en Acapulco. Además, se comprometió a que los integrantes de este poder formarán parte de un comité encargado de supervisar la distribución de los fondos, asegurando que estos lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan.
En su respuesta al jefe del Ejecutivo, Piña expresó que la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo al Judicial representa una oportunidad genuina para que el Estado actúe en defensa de su población. Subrayó el compromiso conjunto para la recuperación de las personas más afectadas, devolviéndoles así el derecho a un futuro digno. La extinción de 13 de los fideicomisos del Poder Judicial fue oficializada mediante un decreto publicado por el presidente López Obrador el pasado viernes 27 de octubre. El documento establece un plazo de 20 días hábiles para que los organismos responsables de dichos fideicomisos completen los trámites necesarios para su extinción. A pesar de esta acción, se destaca que el Poder Judicial aún dispone de los recursos a los que se hizo mención por parte del presidente.
Piña, en su carta al Ejecutivo, manifestó su disposición para definir el canal institucional que permita discutir los términos necesarios con el propósito de concretar la propuesta en cuestión.
Recursos. Esta decisión marca un hito significativo en la cooperación entre poderes del Estado para atender emergencias y apoyar a quienes enfrentan situaciones críticas. Además, resalta la disposición de ambos poderes para trabajar en conjunto en beneficio de la población afectada por desastres naturales, consolidando así un enfoque de acción coordinada y solidaria en momentos de crisis.
La destinación de estos fondos no solo representa una medida de asistencia inmediata, sino también un ejemplo de colaboración entre distintas ramas del gobierno para enfrentar desafíos que afectan directamente a la ciudadanía, proyectando un mensaje de unidad y compromiso social en la búsqueda de soluciones efectivas ante situaciones de emergencia.
