La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio la razón al INE, que ordenó a las gubernaturas de 18 entidades del país, detener la difusión de un documento mediante el cual se manifestó apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante una sesión privada, la Sala Superior, por unanimidad, consideró qué tal documento es considerado como propaganda gubernamental en periodo de veda por el ejercicio de revocación de mandato.
El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia en contra de un comunicado difundido en redes sociales titulado "Gobernadores y gobernadoras de la 4ta Transformación", mediante el cual la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y diversas gubernaturas ( que administra Morena) del país, manifestaron su respaldo al presidente de México y destacaron las políticas públicas impulsadas por el Gobierno federal.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró procedentes las medidas cautelares solicitadas por el PAN y ordenó retirar el comunicado denunciado.Ello fue impugnado por la jefa de Gobierno y diversas gubernaturas firmantes.
El caso fue turnado al magistrado Felipe Fuentes, quien propuso confirmar la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias, del INE.
"Desde una perspectiva preliminar, la difusión del comunicado sí podría ser contraria a lo establecido en la Constitución federal y en la Ley Federal de Revocación de Mandato. Dicha normatividad establece la prohibición de difundir propaganda gubernamental desde la emisión de la convocatoria a la consulta hasta la conclusión de la jornada de votación", difundió el Tribunal a través de un comunicado.
Las magistradas y los magistrados de la Sala Superior mencionaron que para que las expresiones emitidas por servidores públicos sean consideradas propaganda gubernamental no se requiere necesariamente acreditar que éstas sean financiadas con recursos públicos, sino, para efectos de las medidas cautelares, es necesario que dichas expresiones están relacionadas con informes, logros de gobierno, beneficios o compromisos cumplidos por parte de algún representante público.
Se determinó que las restricciones en materia de propaganda gubernamental pueden materializarse a través de todo tipo de medio de comunicación social —incluyendo las redes sociales.
La Sala Superior resaltó que, si bien los funcionarios gozan de libertad de expresión, también tienen un especial deber de cuidado de sus actos y expresiones con motivo de sus funciones. "Es por ello que la Sala Superior confirmó el Acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE por el cual dictó las medidas cautelares a las y los gobernadores firmantes de dicho comunicado", puntualizó.
