Tren Maya bajo la lupa a la luz de las reglas del T-MEC
La obra podría incurrir en graves faltas ambientales que pondrían en riesgo a la flora y fauna de la región sureste.
Grupos conservacionistas presentaron el pasado jueves 21 de julio una queja ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) argumentando que la construcción del Tren Maya podría violar disposiciones de este acuerdo comercial.
T-Mec. Los grupos Moce Yax Cuxtal, Jaguar Wildlife Center y Sélvame del Tren presentaron la queja argumentando que el gobierno ha deforestado decenas de hectáreas de selva para abrir paso al Tren Maya, antes de contar con los estudios y permisos ambientales correspondientes, y que el proceso de evaluación y autorización ambiental no está aplicando “de manera estricta lo consignado por la normatividad ambiental federal e internacional”. El anuncio se presentó luego de que a principios de julio del 2022 la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) indicó que la construcción del proyecto peninsular podría violar disposiciones del T-MEC en el primer informe bianual sobre el capítulo medioambiental del tratado comercial, que por ley debe presentar al congreso estadounidense. “El proyecto del Tren Maya es uno de los mayores proyectos en marcha que podría tener importantes implicaciones para los compromisos de México en el T-MEC relacionados con los niveles de protección ambiental y las evaluaciones de impacto ambiental”, dijo la USTR en el documento.
Acuerdo. Entre los diversos ámbitos que contempla, el T-MEC abarca el tema ambiental en su Capítulo 24, en donde establece que “los objetivos de este Capítulo son promover políticas y prácticas comerciales y ambientales que se apoyen mutuamente; promover altos niveles de protección ambiental y una aplicación efectiva de las leyes ambientales”. Eventualmente, la CCA puede llamar a consultas a la parte señalada y eventualmente el caso puede escalar al establecimiento de un panel de solución de controversias, que puede derivar en represalias comerciales para la parte demandada, si se comprueba que no aplicó efectivamente su legislación ambiental.
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