El gobierno federal y las empresas contratadas para el desarrollo del Tramo 5 Sur del Tren Maya están impedidas para continuar con las obras, debido a que aún siguen vigentes dos suspensiones provisionales dictadas por el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Mérida, Yucatán, correspondientes a demandas de amparo presentadas por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Se trata de amparos promovidos en marzo pasado por ciudadanas y ciudadanos del municipio de Solidaridad, por la omisión de garantizar el acceso a la información y la participación ciudadana para un medio ambiente sano, ante la devastación de la selva ocasionada por las obras del Tren Maya en el tramo que va de Playa del Carmen a Tulum.
Las y los demandantes reclamaron la realización de trabajos de desmonte de la selva con maquinaria pesada, con motivo del megaproyecto; la extensión de esa devastación abarcaba entonces una brecha de 50 a 60 metros de ancho, con más de 17 kilómetros de largo, lo que viola el artículo 4 de la Constitución de garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano y violenta el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), al iniciar los trabajos sin autorización de impacto ambiental, ni autorización de cambio de uso del suelo en terrenos forestales.
En su demanda señalaron que "existe un riesgo de desplome con afectación grave al sistema de cuevas y cenotes, con peligro para el acuífero como fuente de agua; que el proyecto atravesará ríos subterráneos" y que los predios donde se realiza el desmonte impactan la selva mediana subperennifolia sobre el suelo kárstico, que otorga innumerables servicios ambientales. El 18 de abril, el juez Adrián Fernando Novelo dictó las suspensiones provisionales correspondientes, mismas que siguen vigentes hasta este momento, para efectos de que "se suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del Tramo 5 Sur del proyecto Tren Maya, de modo que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material".
Pese a estas suspensiones y a otras tres suspensiones definitivas –revocadas ayer– correspondientes a igual número de juicios, el Fonatur retomó las obras el 15 de julio, so pretexto de haber obtenido la autorización de impacto ambiental el 20 de junio y con base en la declaratoria del Tren Maya como proyecto de "seguridad nacional", incurriendo así en desacato a la instrucción del juez federal.
El director del Fonatur, Javier Maya, aseguró el martes pasado que podían reponer los trabajos –que se han mantenido desde el 15 de julio– porque ese juez revocó las suspensiones definitivas de los juicios 884/ 2022, promovido por tres buzos; 923/ 2022, presentada por la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) y 1003/ 2022, impulsada por integrantes del grupo Moce Yax Cuxtal. Sin embargo, May omitió señalar que siguen vigentes las suspensiones otorgadas al CEMDA.
Este jueves se publicó en estrados que se llevó a cabo una audiencia incidental, relativa a dichas suspensiones, pero no se ha especificado aún lo resuelto. Aarón Siller, director regional de la organización en el sureste, dijo a EL UNIVERSAL que, hasta el momento, no han sido notificados sobre la posible revocación de ambas suspensiones, por lo cual, siguen vigentes.
Consideró que resulta desconcertante que el juez Novelo revocara las suspensiones en los otros juicios, sabiendo que el Fonatur "cometió un delito ambiental" al iniciar las obras en ese tramo, sin haber ingresado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para evaluar el proyecto y sin haber obtenido la autorización en esa materia y la de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, que no tienen aún.
Además, afirmó que argumentar que cumplieron con tres de las condicionantes que la Semarnat estableció en el resolutivo de autorización, es incorrecto, toda vez que esas condicionantes debían acatarse antes del inicio de obra, de acuerdo con la propia dependencia ambiental, pero los trabajos comenzaron antes, violentando el PEIA. La Semarnat, mediante un comunicado difundido hoy, manifestó "su beneplácito" ante la revocación de las tres suspensiones provisionales, señalando que el juez "confirmó" que existe la autorización de impacto ambiental y que las condicionantes fueron cumplidas como lo informó al juzgador.
Al respecto, Siller condenó la postura de la Secretaría, al afirmar que prueba que, además de actuar como "juez y parte", sus actos responden a la línea presidencial y no a su misión, facultades y competencias. "Es lamentable la postura de la Semarnat, porque demuestra que como autoridad están actuando en bloque para proteger el proyecto. ¿Cómo pueden celebrar, cuando el proyecto inició violentando el marco legal ambiental y carece del cambio de uso del suelo en terrenos forestales?
"¿Qué están celebrando? Lo que debió hacer la Semarnat fue desechar la MIA que Fonatur ingresó de forma extemporánea, como ha hecho con otros proyectos que inician obras antes de obtener la autorización o de que se evalúe el proyecto", expresó. El activista indicó que tampoco existe evidencia de que dichas condicionantes se hayan cumplido más allá de lo asegurado por la Secretaría, "que sigue la línea dictada por el Ejecutivo" y agregó: "Y preocupa que el juez lo haya dado por válido, a sabiendas de que era muy difícil cumplir con esas condicionantes, una vez iniciadas las obras, habiendo ya impactos por el desmonte de la selva".
En ese sentido mencionó que durante el juicio han presentado diversas ampliaciones, entre ellas, las que combaten la emisión de la autorización de impacto ambiental y aclaró que el Acuerdo presidencial del 22 de noviembre de 2021 que permite la emisión de autorizaciones "provisionales" es "a todas luces inconstitucional". Agregó que tampoco el haber declarado el proyecto Tren Maya como "de seguridad nacional" lo exime de cumplir con la ley, ni le permite violentar las suspensiones judiciales.
