El Grupo Ecologista del Mayab (GEMA) condenó la postura de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al afirmar que criminaliza, discrimina, polariza la lucha de las y los defensores de derechos humanos y contribuye a su persecución, al llamarles "pseudoambientalistas" y acusarles de guardar silencio ante "el desastre ambiental" de la Península de Yucatán.
"Semarnat usa un lenguaje que promueve el odio, poniendo en riesgo la vida de los que defendemos el medio ambiente y el desarrollo sustentable, como el caso de Samir Flores, quien fue asesinado en Guerrero en 2019.
"Es muy irresponsable cuestionar la participación ciudadana, considerando que el deterioro de los ecosistemas se hizo a pesar de los esfuerzos de ambientalistas y de la sociedad civil organizada que ha venido trabajando en Quintana Roo, desde 1983", expresó la presidenta de GEMA, Araceli Domínguez.
Esta agrupación es legendaria en Quintana Roo, debido a su incidencia para la elaboración de leyes, reglamentos, Programas de Desarrollo Urbano, Ordenamientos Ecológicos o por su intervención en múltiples casos en defensa del medio ambiente, con la finalidad de frenar o intentar detener proyectos que, por su magnitud, representaron un profundo riesgo para los ecosistemas y la calidad de vida de las personas.
Entre estos se encuentran proyectos como la Marina del CID, en Puerto Morelos, a finales de los años 90; la protección permanente de Xcacel-Xcacelito, una bahía de playas vírgenes en donde se pretendió fallidamente construir cinco hoteles, en Tulum, entre 1998 y el 2001; el proyecto de Mayan Palace, del Grupo Vidanta, en Solidaridad, que entre 2001 y 2002 falseó información para que le fuera autorizada mayor densidad; los hoteles Riu-Cancún y Riu Palace Las Américas, que para construirse violaron leyes ambientales en 2003, lo que les valió una millonaria multa.
---Aseguran que deterioro de los ecosistemas del sureste se debe a ilegalidades
La activista, con más de 30 años de lucha socioambiental, afirmó que el notable deterioro de los ecosistemas del sureste mexicano se debe a las ilegalidades que cometieron las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como al desarrollo urbano y turístico desordenado, que ha sido producto de intereses económicos y políticos avalados por la autoridad en cada administración.
En respuesta al comunicado de la dependencia federal, que enlista los casos en los que –falsamente– señala que las organizaciones no alzaron la voz, GEMA revirtió el cuestionamiento, al reprocharle a la Semarnat en dónde estaba como autoridad, cuando autorizó los proyectos que menciona y otros, aprobados específicamente durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre estos, mencionó el cuarto Muelle de Cruceros, que la Secretaría de Medio Ambiente, durante el gobierno de la llamada 4T, autorizó el pasado 7 de diciembre, aún cuando estas obras amenazan la biodiversidad marina del sitio en donde pretende desarrollarse, si contar con que se falseó información en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Citó el proyecto "Mejoramiento y estabilización de la zona de playas y marina en las bahías de Chemuyil y Chemuyilito, autorizado el 9 de octubre de 2019, "permitiendo ilegalmente violentar los programas de manejo de dos áreas naturales protegidas para crear caletas, duna y playas artificiales, espigones de concreto que demostraron no servir para retener arena, retiro de rocas que tienen una función importante en el ecosistema, para crear asoleaderos que se rellenaron con sascab".
Lo anterior –subrayó– se autorizó sobre la costa, en una playa importante de anidación de tortugas marinas dentro del área de influencia de Xcacel, Santuario de la Tortuga Marina que puede resultar afectado.
Domínguez Rodríguez incluyó el proyecto Grand Island, en Cancún, al que Semarnat autorizó 3 mil habitaciones sin garantizar cómo resolverá el manejo de aguas negras, pese a la sobredensificación que padece la zona hotelera de Cancún, admitida por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) que se opuso al proyecto y reconoció que no puede darle el servicio de drenaje, ya que sus tres plantas de tratamiento están saturadas.
"Fonatur lo califica como un proyecto que atenta contra los ecosistemas de Cancún y, mientras el Fonatur busca frenar desarrollos donde los servicios urbanos están saturados, Semarnat sigue autorizándoles, como en el caso del hotel RIU (autorizado durante el gobierno de Enrique Peña)", resaltó.
En quinto lugar colocó al muelle de Xcaret, autorizado también durante la presente administración.
Para esa obra se realizaron rellenos en una zona de cambio de corrientes marinas frente a dos importantes zonas arrecifales: Sábalos y Tortugas que, a la larga, podrían generar pérdida de playas en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, explicó.
Finalmente mencionó la autorización que la Semarnat emitió para la primera fase del Tren Maya, del Tramo 1 al 3, a pesar de reconocer en el resolutivo las "carencias y negligencias" plasmadas en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
"De igual forma, Fonatur comenzó obras en el Tramo 4 sin contar aún con autorización y en el Tramo 5, sin siquiera someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental, ante lo cual la Profepa ha sido omisa en sancionar dichas obras a pesar de las cientos de denuncias interpuestas", expresó.
Domínguez Rodríguez aclaró que ser ambientalista y defender los derechos humanos y trabajar en la educación ambiental, es una actividad que se ejerce voluntariamente, sin estar obligadas u obligados, excepto por su responsabilidad cívica.
"No nos oponemos al desarrollo, no nos oponemos, en el caso de nuestra organización, a la construcción de un tren.
"Lo que sí, es que nos oponemos a que se construya de manera ilegal, violentando las leyes que tanto esfuerzo han costado a mexicanas y mexicanos, para buscar que las actividades humanas sean posibles, presentando mitigaciones para ser compatibles con el medio ambiente y garantizar el derecho al medio ambiente sano del que depende nuestra vida", sostuvo.
