Han pasado más de cuatro meses desde que decenas de familias huyeron de Mier y Terán, Guerrero Grande y Ndoyonoyuji, comunidades del municipio de San Esteban Atatlahuca. Lo hicieron para salvar sus vidas, luego que fueran incendiada sus viviendas, a la fecha siguen refugiados en distintos puntos.
Además de las familias víctimas del desplazamiento interno por los constantes ataques armados, otras seis personas se encuentran en calidad de desaparecidos, sin que haya datos que indiquen si se encuentran con vida o no.
El conflicto agrario entre el municipio de San Esteban Atatlahuca y las comunidades de Mier y Terán, Guerrero Grande y Ndoyonoyuji, dato de años atrás por la disputa de una superficie de un punto trino, donde pasa una carretera troncal que comunica los estados de Puebla y Guerrero.
Sin embargo, tras las elecciones en Guerrero Grande en el mes de julio del año 2019, el conflicto retornó entre las comunidades con ataques e intimidaciones de manera constante, debido a que muchos comenzaron a simpatizar con otra organización y estar en desacuerdo con otro, según las narraciones de los propios pobladores.
---Conflicto deja casas incendiadas y familias desplazadas
En una entrevista para EL UNIVERSAL, los vecinos de Guerrero Grande reportaron que el 5 de noviembre del 2019 se registró por primera vez la quema de viviendas en el municipio de Atatlahuca, en la localidad de Yutevey, donde cerca de 25 casas fueron afectadas.
Tras aquel hecho, han sido contantes los ataques, emboscadas, disparos con arma de fuego, de tal manera que el siguiente conflicto donde una mujer de la tercera edad perdió la vida y otras siete personas resultaron heridas, fue el primero de agosto del año 2021, cuando al concluir una asamblea general de elección, personas fuertemente armadas se apostaron en la parte alta de la comunidad y desde ahí empezaron a disparar contra los asistentes.
El siguiente ataque tuvo lugar el primero de octubre, donde nuevamente un grupo armado comenzó a disparar sobre la comunidad de Guerrero Grande, aquel viernes, incendiaron alrededor de 58 viviendas, hecho que obligo a 58 familias salir de sus casas y refugiarse en la cabecera municipal de Atatlahuca, por estos hechos, las familias no fueron atendidas por el gobierno del estado, hasta un mes después.
En menos de 20 días del ataque, el jueves 21 de octubre ocurrió un nuevo ataque en Ndoyonoyuji, en donde fueron asesinados dos personas de la tercera edad e incendiadas cerca de 8 casas. Al día siguiente, viernes 22 de octubre, en Guerrero Grande comenzaron los disparos y un centenar de casas fueron pulverizadas con fuego, sucesos que obligaron nuevamente un centenera de familias a refugiarse a un campamento en las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Tlaxiaco, otros tantos en la comunidad de Mier y Terán, Tlaxiaco y en la Ciudad de México.
Actualmente, son tres grupos de personas desplazadas, 75 de ellas viven en un albergue improvisado en Guerrero Grande, otras 16 familias se encuentran en el albergue del INPI en Tlaxiaco y 58 más están refugiados en un albergue escolar en la cabecera municipal de Atatlahuca. Cabe mencionar que otro centenar de personas viven en distintos puntos del distrito de Tlaxiaco y la Ciudad de México.
Ante estos hechos, autoridades municipales informaron que este 8 y 9 de febrero funcionarios de la Secretaría de Gobierno (Segob) visitarán la comunidad, a más de tres meses del desplazamiento forzados de las familias a causa de los ataques armados.
Previo a la anunciada visita de los funcionarios del gobierno federal, a ninguna de las familias desplazadas se les ha garantizado la reparación de daños. En este sentido, refugiados del INPI, señalaron a EL UNIVERSAL la necesidad de que se planté el retornó a su comunidad.
Por otro lado, las autoridades municipales de Atatlahuca aseguran que la atención de las autoridades del estado y de la federación carecen de un dialogo intercultural en donde todas las partes puedan sentarse y encaminar las posibles soluciones.
---Conflicto deja varios desaparecidos
A la fecha se desconoce el paradero de Romero Cruz Sandoval y su esposa Amalia Limón Xitita, quienes desaparecieron después del ataque del primero de octubre del 2021. Su hijo, un joven de no más de 18 años, denunció la nula atención de las autoridades en la búsqueda de sus padres.
Aunque la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) emitió la ficha correspondiente, el joven que también se encuentra como refugiado, dijo a este medio que las autoridades no han acudido a buscarlos.
En tanto, también fueron reportados como desaparecidos tras los hechos del 21, 22 y 23 de octubre, Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marco Quiroz Riaño y Mayolo Quiroz Barrios, quienes desaparecieron en las localidades Guerrero Grande y Mier y Terán.
A la lista, también está incluida la activista Irma Galindo Barrios, vista por última vez en la Ciudad de México.
El pasado 13 de enero, la FGEO, notificó que localizó restos humanos en la agencia municipal de Mier y Terán, hasta el momento se desconoce si se trata de alguno de los desparecidos durante los conflictos.
La búsqueda se realizó luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitiera acciones urgentes a favor de cinco personas desaparecidas, cuatro de ellas durante los hechos violentos ocurridos en dos localidades de San Esteban Atatlahuca.
