Arturo Zaldívar anuncia medidas para destrabar las inconsistencias en los procesos penales.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, anunció que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) iniciará un proceso para lograr que exista un protocolo para jueces, a fin de que tengan claridad sobre en qué asuntos pueden o no dictar la prisión preventiva justificada.
En conferencia de prensa, el ministro anunció cinco medidas que adoptó a raíz de la visita que realizó la semana pasada al penal de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, donde se reunió con mujeres que denunciaron diversas inconsistencias en sus procesos penales.
No cuentan. Indicó que de los 550 asuntos que le entregaron las mujeres recluidas en dicho penal, 200 serán atraídos por el Instituto de Defensoría Pública Federal, por ser casos en los que las mujeres no cuentan con una defensa, o ésta es inadecuada. Como segunda medida, derivado de un criterio adoptado por la Primera Sala de la Suprema Corte, el ministro Zaldívar anunció que en todos los asuntos atendidos por el Instituto de Defensoría Pública Federal se promoverá una revisión de la prisión preventiva de quienes tengan más de dos años en la cárcel. Indicó que el CJF coadyuvará con el Instituto de Defensoría de la Ciudad de México para que se pueda hacer lo mismo en el caso de las mujeres de Santa Martha Acatitla.
Acuerdo. La tercera medida, dijo, es que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emitirá un acuerdo para concentrar, en dos o tres juzgados de distrito, los amparos indirectos en contra de la determinación de prisión preventiva justificada. “Con la idea de que se puedan establecer las reglas, los lineamientos que no son claros en la ley de qué elementos deben tomar las y los jueces para decretar esta medida (prisión preventiva justificada).
Impacto. Este tema va a tener un impacto nacional para que después se vaya a algún tribunal colegiado de distrito o incluso lo atraiga la Primera Sala de la Corte y se establezcan estos lineamientos que den certeza, claridad y que espero logren terminar con el abuso de la prisión preventiva en México”, explicó. El ministro Arturo Zaldívar aclaró que se busca regular la aplicación de la prisión preventiva, más no la prisión preventiva oficiosa, ya que ésta está regulada en la Constitución. Como cuarta medida, dijo que el Instituto de Defensoría Pública Federal “ha dado resultados extraordinarios. Hemos generado cambios de paradigma en muchos temas”, por lo que se fortalecerá el litigio estratégico de las y los abogados públicos federales.
Programa. Indicó que la quinta medida es un programa piloto en Oaxaca y Chiapas para determinar la situación de las personas indígenas en procesos locales y, de ser viable, suscribirá un convenio con los Gobernadores, similar al que suscribió con la Jefa de Gobierno de México. “La visita al Penal de Santa Martha Acatitla fue una visita histórica para escuchar y visibilizar a las mujeres. Este no es un tema menor, tiene que ver con la dignidad de las personas.
