Los familiares acusan a El Machete de la desaparición de los 21 lugareños.
El sacerdote tzotzil, Marcelo Pérez Pérez, tiene una solicitud de orden de aprehensión en su contra, presuntamente por el caso de 19 pobladores de Pantelhó, desaparecidos el 26 de julio del año pasado, informó la diócesis de San Cristóbal de las Casas.
El religioso fue mediador en el conflicto político en ese municipio, agudizado luego de los comicios de junio de 2021, por la irrupción del autoproclamado grupo de autodefensas del pueblo El Machete.
Los familiares acusan a El Machete de la desaparición de los 21 lugareños, 19 según la Fiscalía General del Estado (FGE), los cuales aún no han sido localizados.
Por esos hechos, Pedro Cortés López y Diego Mendoza Cruz, el expresidente y primer regidor del concejo municipal de Pantelhó, respectivamente, fueron arrestados el 21 de junio pasado, y vinculados a proceso en el centro penitenciario El Amate.
En un comunicado, La diócesis de San Cristóbal de las Casas señaló que la iglesia diocesana ha sido mediadora en varios de los conflictos suscitados en Chiapas, y siempre ha contribuido con la búsqueda del diálogo y la reconciliación, por la vía pacífica.
Aunque, este trabajo, "arduo y nada fácil, trae muchas veces la ingratitud de alguno de los actores involucrados cuando solo persiguen sus ambiciones egoístas y no la búsqueda del bien común".
Esta labor, agregó, ha traído como consecuencia amenazas e intimidaciones contra agentes de pastoral de la diócesis.
Esto ocurre, en varias zonas, entre las que destacan, desde hace varios años, "las que se hacen en contra nuestro agente de pastoral, el presbítero Marcelo Pérez Pérez, y que en estos últimos días han incrementado, además de que existe una solicitud de orden de aprehensión en su contra".
La diócesis de San Cristóbal de las Casas, puntualizó que la oposición a las estrategias del sistema económico-político que "nos gobierna", es motivo para que las autoridades reaccionen con persecución, intimidación, amenazas y encarcelamiento".
El comunicado lo suscriben los obispos, Rodrigo Aguilar Martínez y Luis Manuel López, asimismo, canciller María Reyes Arias Sarao y el vicario de justicia y paz, José Luis Bezares Selva.
