La demanda también señala el establecimiento de un proyecto minero de níquel a cielo abierto en el territorio indígena, sin una consulta adecuada a la comunidad.
San José.- Representantes de la comunidad indígena Maya Q'eqchi' de Agua Caliente, de Guatemala, solicitaron este miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) garantizar la propiedad colectiva de sus tierras ancestrales y poder decidir sobre éstas, mientras que el Estado solicitó desestimar el caso.
El caso se refiere a la presunta responsabilidad internacional del Estado de Guatemala en perjuicio de la Comunidad Maya Q’eqchi’ de Agua Caliente por la falta de legislación interna para garantizar su derecho a la propiedad colectiva tras 40 años de solicitudes y la ausencia de recursos adecuados para demandar el amparo de sus derechos.
La demanda también señala el establecimiento de un proyecto minero de níquel a cielo abierto en el territorio indígena, sin una consulta adecuada a la comunidad.
Según la demanda, la comunidad Agua Caliente no cuenta con un título de propiedad colectiva sobre sus tierras y territorios ancestrales, a pesar de múltiples gestiones realizadas por la comunidad durante más de cuatro décadas.
El líder indígena Rodrigo Tot dijo en la audiencia que "no se nos pidió permiso y no se le preguntó a la comunidad" sobre el establecimiento del proyecto minero.
"La comunidad ha recibido amenazas por luchar por la seguridad jurídica de las tierras y hasta se han perdido vidas", afirmó Tot al referirse al asesinato de un hijo suyo en el 2012, que según dijo el líder indígena, tenía como objetivo acallarle.
Agua Caliente es una de las 16 comunidades que han luchado por sacar de sus territorios una mina de níquel a cielo abierto en El Estor, Guatemala, propiedad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group. .
El abogado del Centro de Recursos Jurídicos para los Indígenas y miembro del equipo jurídico demandante, Leonardo Crippa, dijo a Efe que este caso es de importancia mundial, porque "aborda el tema de la falta de titulación que reconozca propiedad de domino colectivo de los pueblos indígenas" y además "aborda temas de fondo catastrales y registrales por un traslape con un proyecto minero".
"Hay una demanda global por parte de la comunidad internacional sobre asegurar los territorios indígenas de forma colectiva porque es la mejor estrategia para luchar contra el cambio climático y conservar el medio ambiente", dijo.
El representante de los indígenas, afirmó que se espera una sentencia de la Corte Interamericana "que le de la posibilidad a los pueblos indígenas de ser actores de los procesos de desarrollo y no víctimas".
"Esperamos que la Corte tome una decisión donde ordene al Gobierno de Guatemala adoptar una legislación de fondo, con participación de los pueblos indígenas, que reconozca por primera vez que estos pueblos son titulares de derechos colectivos sobre sus tierras y que tienen el derecho a gozar, conservar y administrar los recursos naturales en sus territorios", expresó Crippa.
Por su parte, el agente del Estado, Jorge Donado Vivar, dijo que las comunidades indígenas fueron consultadas en el 2021 sobre la mina, luego de que así lo ordenara la Sala de Constitucionalidad en el 2020 y que el Estado no ha vulnerado los derechos de las comunidades.
"Se procuró el debido respeto de los derechos. No se violentó el derecho a participar de asuntos que involucran sus intereses y se procuró que se cumpliera con la consulta previa libre e informada sobre el proyecto minero", expresó Donado.
El agente afirmó que Estado "ha garantizado el derecho de consulta y ha cumplido con sus compromisos internacionales" y que "las normas demuestran el esfuerzo significativo para garantizar la protección legal efectiva de las comunidades indígenas".
Tras la audiencia del miércoles, la Corte Interamericana dará un mes a las partes para presentar sus alegatos finales por escrito y dentro de los siguientes meses emitirá una sentencia.
