La decisión de mantener o no el fuero solo le compete al Congreso
Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el fuero que le da inmunidad procesal al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se mantiene.
Lo anterior, a pesar de que en abril del año pasado, la Cámara de Diputados federal se lo quitó. Pero, ¿por qué, a pesar de ello, el fuero del mandatario local prevalece?
El artículo 111 de la Constitución, establece qué funcionarios públicos no pueden ser detenidos ni sujetos a una acción penal sin una declaración previa por parte de la Cámara de Diputados. Esta inmunidad aplica para los gobernadores.
Para iniciar un proceso penal, ya sea del orden federal o del orden común (a nivel estatal), en contra de un gobernador, es necesario que la Cámara de Diputados declare por mayoría absoluta —la mitad más uno de los presentes que se puede proceder.
Esto aplica, por ejemplo, para diputados y Senadores federales, tal fue el caso del exdiputado por Morena, Cipriano Charrez, acusado por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo de cometer un homicidio culposo. La Cámara de Diputados le retiró el fuero en abril de 2019, lo que detonó el proceso penal en su contra hasta su detención en septiembre de ese mismo año.
Para el caso de gobernadores, la protección constitucional únicamente considera acusaciones por delitos federales.
La constitución señala que si se trata de delitos estatales, la declaración de procedencia o desafuero, deberá aprobarse por la legislatura Local. El gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, representa uno de estos casos.
De acuerdo con el Congreso de Tamaulipas, la decisión de mantener o no el fuero al tamaulipeco, les compete solo a ellos. A pesar de lo anterior, en abril de 2021, tanto la Sección Instructora de la Cámara de Diputados como la mayoría del pleno, avalaron desaforar a Cabeza de Vaca para que pueda ser procesado. Lo anterior generó una controversia entre los poderes legislativos de Tamaulipas y el Federal.
El 8 de julio, la Primera Sala de la Suprema Corte admitió la controversia constitucional del Congreso tamaulipeco, y este miércoles, la Suprema Corte le dio la razón al congreso local, al considerar que desde el recinto Legislativo de San Lázaro "violaron directamente la Constitución y suplantan indebidamente las facultades del Congreso del Estado de Tamaulipas”.
La resolución, señala que el gobernador sigue contando con el fuero constitucional, toda vez que el Congreso de Tamaulipas no validó la declaratoria de procedencia que aprobó la cámara baja, por lo que “no se completó el proceso de desafuero”.
