Similitudes en dos casos radicados en el Ministerio Público de Matías Romero, en los que jóvenes mujeres “desistieron” de denuncias entre anomalías, encienden alertas.
Hace exactamente un año, el 26 de septiembre de 2021, Fanny Guadalupe fue encontrada sin vida al interior de la casa de sus suegros en El Porvenir, un ejido de San Juan Cotzocón, en el Bajo Mixe de Oaxaca.
Un mes antes, la joven de 16 años había denunciado ante el Ministerio Público de Matías Romero acoso y amenazas por parte del agente municipal Isaac Hernández, así como agresiones de su pareja, ahijado del primero. Días antes de su muerte, supuestamente se retractó ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y “perdonó” a sus agresores.
La historia de Fanny ha vuelto a resonar luego de que un segundo caso en la región ha presentado similitudes: una joven que supuestamente “otorga el perdón” a quien denunció por violación, lo que se logró suplantando la identidad de la víctima. Esto encendió las alertas de dos personas que han acompañado los casos, el activista Joaquín Galván y una abogada que pide resguardar su identidad. Las coincidencias, sostienen, son suficientes para que se indague el actuar del sistema de justicia. Y si se está usando en beneficio de los agresores.
La política como móvil
Si de algo está segura la abogada que llevó el caso de Fanny es que ella no tenía intenciones de perdonar a sus agresores, sino de seguir con el proceso contra el agente municipal y su pareja. Incluso, señala, es el primer caso que conoce en el que un denunciado por amenazas de muerte, según la carpeta folio 23472/FIST/CODDI/MATIAS/2021, asegura que antes de morir la denunciante se retractó y le concedió el perdón.
El segundo caso es la de la joven Pijy, también de una comunidad del Bajo Mixe, quien tenía 15 años cuando denunció a Plácido “N” por violación, sólo para descubrir nueve años después que la actual novia del hombre suplantó su identidad, supuestamente sin que personal del mismo MP de Matías Romero ni de un Juzgado de Control se percatara que se usó una credencial de elector alterada con la foto de una mujer identificada como Karla “N”.
En la audiencia en que esta persona se hizo pasar por Pijy, el juez determinó que el caso estaba sobreseído, ya que la denunciante “otorgaba el perdón”.
“Estos dos casos tienen mucha similitud, pues están involucrados personajes de la política local que buscan puestos públicos y al existir nuevas leyes en las que hombres que tengan denuncias de agresiones sexuales o violentadores de mujeres no pueden tener cargos, mienten sobre actos de perdón de sus víctimas, mismos que no sucedieron”, indica la jurista.
“Noy hay perdón”
Tania Felipe Aquino, abogada del Centro de Atención y Ayuda a la Mujer Istmeña (CAAMI), coincide al señalar las anomalías en el caso de Pijy y subraya que es imposible que las autoridades digan que no se percataron del robo de identidad de una víctima, pues en la carpeta de investigación figura copia del INE y los agentes del MP conocen a la víctima, pero, sobre todo, porque el delito de violación agravada a una menor no prescribe ni hay perdón.
“Para que pueda existir el desistimiento debe existir una audiencia en donde debe estar la víctima acompañada de su asesora jurídica y el MP. Debe existir por escrito, previa comparecencia, que ya no es su deseo continuar con el proceso y que no se encuentra coaccionada, así como exhibir un reporte sicológico.Y todos estos datos de pruebas se leen en audiencia. El delito de violación no se sobresee así nada más, ahí hubo mucha influencia y mucho dinero”, expone la defensora.
La abogada también señala que el MP de Matías Romero es uno de los que padece mayor corrupción, por lo que considera que la víctima también debería denunciar violencia institucional al ser indígena.
“Este tema debe de dejar precedentes en la región. Esa carpeta no tenía por qué estar en Matías Romero, debieron remitirla a la fiscalía de género en Juchitán porque es violación. Ahí hubo corrupción, ya sabían lo que estaban haciendo”, dice.
La suplantación de identidad, según el Código Penal de Oaxaca, alcanza penas de hasta cinco años de prisión; y el Código Federal establece sanciones por falsificar la credencial para votar de hasta siete años.
