En 2021, siete activistas fueron ejecutados extrajudicialmente en Oaxaca, con lo que la entidad se ubicó como la que tiene mayor número de defensores asesinados, según un informe publicado por el Comité Cerezo.
Los activistas ejecutados en el estado fueron Fidel Heras Cruz y Jaime Jiménez Ruiz de la Coordinadora de Pueblos en Defensa del Río Verde (Copudever); Federico de Jesús Gutiérrez, Oliverio Martínez Merino, Flor de Jesús Hernández y Marcelino Álvarez González, del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui; y Manuel Cartas Pérez, del Frente Popular Revolucionario (FPR).
A Oaxaca le sigue Chiapas con cinco activistas asesinados, Sonora con cuatro, Morelos y Guerrero con dos casos cada uno; en el resto de los estados documentados, hubo un caso por entidad federativa.
Defensores fueron ejecutados extrajudicialmente
En total, de acuerdo con el informe, 25 defensores fueron ejecutados extrajudicialmente.
Estas cifras, explica el Comité Cerezo, corresponden a los casos que cumplen con los elementos de una ejecución extrajudicial.
De acuerdo con el comité, los autores fueron agentes del Estado "bajo la modalidad de comisión o aquiescencia", por motivos políticos, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando.
De estos estados, Chiapas, Campeche y Veracruz tienen un gobierno estatal encabezado por Morena; en Oaxaca, Guerrero, Sonora, Hidalgo y Colima gobierna el PRI; mientras que en Jalisco gobierna Movimiento Ciudadano y en Morelos, el Partido Encuentro Social.
De las personas ejecutadas, 12 defendían el derecho al territorio, cinco defendían derechos humanos relacionados a la vida digna, cuatro de las víctimas defendían derechos relacionados al medio ambiente.
Mientras que hubo dos víctimas de ejecución extrajudicial que se dedicaban a defender los derechos humanos y un caso de una persona que defendía la libertad de expresión y los derechos laborales.
En cuanto al porcentaje de ejecuciones extrajudiciales en contra de personas defensoras de derechos humanos por sexo, las mujeres representan un 12% con tres víctimas, mientras que el resto, 22 víctimas hombres, fueron 88% del total de víctimas.
En nueve casos, 32%, se sabe que las víctimas de ejecución extrajudicial eran personas defensoras de derechos humanos que pertenecían a un pueblo indígena; y en 68% eran mestizas (19 casos).
"Es importante decir que en cuatro casos no pudimos determinar con base en la investigación la pertenencia o no a un pueblo indígena de las víctimas", señaló el comité defensor de derechos humanos.
"Cabe resaltar que el número de víctimas de ejecución extrajudicial que pertenecen a un pueblo indígena siempre ha representado un porcentaje elevado, si se mira desde una perspectiva proporcional al número de habitantes indígenas con respecto a la población en general en México", sostiene el informe.
