Aún tienen la esperanza de encontrar con vida a sus compañeros
Chilpancingo, Gro.— Normalistas de Ayotzinapa exigieron que el expresidente Enrique Peña Nieto sea detenido y encarcelado por su responsabilidad en la desaparición de sus 43 compañeros en septiembre de 2014, en Iguala.
También exigieron que el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, sea extraditado a México para que enfrente los procesos en su contra.
Demandaron que no se proteja a Peña Nieto, luego de que el subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas, dijo que el exmandatario no tiene un seguimiento judicial por los hechos.
Los estudiantes pidieron al gobierno que no vaya a inventar otra verdad histórica, como lo hizo Jesús Murillo Karam.
Los normalistas afirmaron que mantienen viva la esperanza de hallar con vida a sus compañeros; dijeron que hasta no tener pruebas contundentes sobre los restos de sus compañeros, continuarán con la exigencia de hallarlos con vida.“En el informe se hicieron notorias las 101 acciones de búsqueda en siete municipios de Guerrero, donde se hallaron más de mil restos óseos, que sin ninguna declaración ni material genético suficiente no nos garantiza que sean de nuestros compañeros.
“Teníamos un infiltrado que daba información al Ejército e iba en primer año”, dijo uno de los líderes de la normal que participó en la conferencia
Por otra parte, Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los papás y mamás de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos subrayó que el informe que presentó Alejandro Encinas Rodríguez es una posición política del gobierno que dista mucho del esclarecimiento de lo que ocurrió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Afirmó que el gobierno federal tiene una nueva verdad a partir de la investigación que inició. Cuestionó que la nueva verdad del gobierno federal la haya construido con un solo testigo principal y con dos secundarios, pero sin pruebas contundentes.
Critica PRI detención
El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, consideró inaceptable que el gobierno federal persiga a exfuncionarios en lugar de procurar justicia a los familiares de las víctimas.
